España e Italia crean el primer espacio común de justicia de la UE para combatir a la Mafia
España e Italia acordaron ayer crear el primer espacio común de seguridad y justicia en Europa para combatir a la Mafia y el crimen organizado. Ángel Acebes y Piero Fassino, ministros de Justicia de ambos países, firmaron un acuerdo en Madrid por el que habrá un reconocimiento mutuo de sentencias, desaparecerá el proceso clásico de extradición y los delincuentes reclamados se entregarán a la justicia de forma inmediata. Mientras se ultiman estas reformas, que deberán aprobar los parlamentos de ambos países, los mafiosos juzgados en rebeldía en Italia seguirán blindados en España.
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España e Italia acordaron ayer crear el primer espacio común de seguridad y justicia en Europa para combatir a la Mafia y el crimen organizado. Ángel Acebes y Piero Fassino, ministros de Justicia de ambos países, firmaron un acuerdo en Madrid por el que habrá un reconocimiento mutuo de sentencias, desaparecerá el proceso clásico de extradición y los delincuentes reclamados se entregarán a la justicia de forma inmediata. Mientras se ultiman estas reformas, que deberán aprobar los parlamentos de ambos países, los mafiosos juzgados en rebeldía en Italia seguirán blindados en España.
Nuevo proceso de extradición
Eliminar los obstáculos e impedimientos que favorezcan la aparición de zonas de " impunidad" en el seno de sus territorios es el objetivo del acuerdo, pionero en su género, firmado ayer por el que se crea un espacio común judicial y policial entre España e Italia para combatir a la Mafia, el terrorismo y el crimen organizado.España se ha convertido en el santuario más seguro de la Mafia italiana y Ángel Acebes, ministro de Justicia, reconoció ayer que la mejor forma de solucionar esta embarazosa situación, que irrita al Gobierno, a la Dirección Nacional Anti-Mafia y a los jueces italianos, es profundizar en la colaboración jurídica en el marco de la Unión Europea.
Los dos países quieren seguir la senda marcada en la reunión del Consejo Europeo en Tampere (Finlandia) en la que se estableció como prioridad de la UE la creación de un espacio común en el terreno judicial y policial. Según los expertos, esa es la única forma de luchar contra los delitos transnacionales.
La presencia de destacados mafiosos italianos en España, miembros de Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la organización 'N Drangueta calabresa, cuya extradición niega el Tribunal Constitucional por haber sido juzgados en rebeldía, ha servido de argumento a ambos gobiernos para crear el primer espacio común de justicia y seguridad en Europa que ambos ministros anunciaron ayer.
Ángel Acebes lo resumió asi durante una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Justicia en Madrid: "Las resoluciones judiciales y policiales de ambos países serán válidas y efectivas en los dos Estados. Esta experiencia puede servir para marcar el camino en toda Europa". El tratado, antes de su puesta en marcha, deberá ser aprobado por las cámaras legislativas de Italia y España ya que obligará a diversas reformas en sus ordenamientos jurídicos.
En septiembre técnicos de los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores de ambos países iniciarán las reuniones para preparar el texto de un tratado que modificará el proceso clásido de extradición y facilitará la detención y la entrega "inmediata" a la autoridad judicial de la persona reclamada. Se superará asi el proceso clásico de extradición, vigente hoy y mucho más lento, y seguirá la línea apuntada durante la reunión del Consejo Europeo de Tampere.El acuerdo atañe a las personas reclamadas acusadas o condenadas por delitos graves relacionados con terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas, drogas, seres humanos o abuso sexual de menores. Se habilitarán los mecanismo para que las órdenes internacionales de búsqueda y captura, tramitadas a través del Sistema de Información Schengen (SIS), se ejecuten a la mayor velocidad.
Según Acebes, "con la supresión del sistema clásico de extradición se resuelve de manera definitiva el problema" de la negativa del Tribunal Constitucional a entregar a los mafiosos y delincuentes italianos juzgados en rebeldía. A juicio de este tribunal, y en contra del criterio de la Audiencia Nacional, los derechos mínimos exigibles durante esos juicios no se cumplen. El tratado de un espacio judicial y policial común contemplará también el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito penal y establecerá las normas mínimas comunes, materiales y procesales, para facilitar su aplicación "bajo el respeto de los principios básicos fundamentales de ambos Estados", dice la declaración firmada ayer por ambos ministros. En la misma, el Gobierno español asume la legitimidad del proceso en ausencia "que asegure las garantías defensivas" y reconoce que las legislaciones de ambos Estados respetan el Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos del Hombre.
La resignación de Fassino
Los numerosos mafiosos italianos refugiados en España, la mayoría ocultos bajo una doble identidad, han conseguido un respiro. Piero Fassino, ministro de Justicia de Italia, dejó bien claro ayer que hasta que no entre en vigor el acuerdo del espacio común judicial suscrito por ambos países y se suprima el actual proceso de extradición, ni Italia ni España cambiarán su ordenamiento.Miembros del Consejo Superior de la Magistratura italiana como Armando Spataro, ex fiscal Anti-Mafia, ya habían adelantado hace meses que Italia no modificaría ni un ápice su tradicional legislación sobre los juicios en ausencia, que, se asegura, no se cuestiona en ningún país de Europa salvo en España. Esta situación supone que Italia seguirá juzgando en rebeldía a los delincuentes huidos de su país, unos 15.000 en 1995, y que el Tribunal Constitucional español continuará paralizando sus extradiciones al considerar que sus derechos mínimos de defensa no han sido garantizados. Un círculo vicioso en el que el Gobierno español tiene un estrecho margen de maniobra, "porque no podemos ni debemos hacer nada contra la independencia del Poder Judicial", advirtió ayer Ángel Acebes, ministro de Justicia, refiriéndose a las sentencias del Constitucional.
Unos fallos, con varios votos particulares en contra, incluido el de Pedro Cruz Villalón, su presidente, que han sido criticados por el jefe del ejecutivo José María Aznar.
Para mejorar la situación actual, ambos países han suscrito un protocolo en materia de extradición por el que se comprometen a nombrar a dos magistrados de enlace, en Roma y Madrid, que agilicen las extradiciones. Ahora hay 57 italianos pendientes de entrega. Italia es el país que más extradiciones reclama a España.
No obstante, los dos Gobiernos se comprometen a incluir en las solicitudes de extradición una declaración acerca de la situación en la que se encuentra el proceso, "asi como el régimen y alcance de los recursos y posibilidades de impugnación que se apliquen a las sentencias dictadas en ausencia, que hayan originado y sirvan de fundamento a tales solicitudes." También obliga a que en las comunicaciones policiales de detención se expliquen las circunstancias de cada caso.
Durante varios años, 1.089 órdenes de detención para extradición de mafiosos y delincuentes italianos fueron anuladas por la policía española, que seguía las recomendaciones de Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, contrario a detener a aquellos que habían sido juzgados en rebeldía. Tras las denuncias de EL PAÍS y como gesto de buena voluntad, el Gobierno español levantó el bloqueo sobre más de 800 órdenes.
El protocolo firmado ayer destaca que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité de Ministros del Consejo de Europa reconocen la legitimidad del juicio en rebeldía "que asegure las garantías defensivas". Algo que la Audiencia Nacional tenía en cuenta para conceder estas extradiciones.
¿Cuando nos entregarán a Giovanni Greco?, un mafioso cuya extradición acaba de anular el Constitucional, insistía un reportero italiano. "No lo sé", respondió resignado el ministro Fassino.
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