La perversión del sistema MARGARITA GARCÍA SEBASTIÁN

Hablamos en otro artículo sobre la urgencia de abordar los problemas derivados de la implantación de la LOGSE. Pero si lo dicho era urgente, todavía es más urgente en Cataluña reflexionar sobre el papel que se otorga a la enseñanza pública en el sistema educativo. El papel básico de la escuela es poner al alcance de los nuevos ciudadanos todo aquello que consideramos esencial, los saberes e instrumentos acumulados que una generación transmite a la siguiente. Cada familia transmite su patrimonio a sus hijos, pero la sociedad democrática se obliga a poner a disposición de todos el intangible pat...

Hablamos en otro artículo sobre la urgencia de abordar los problemas derivados de la implantación de la LOGSE. Pero si lo dicho era urgente, todavía es más urgente en Cataluña reflexionar sobre el papel que se otorga a la enseñanza pública en el sistema educativo. El papel básico de la escuela es poner al alcance de los nuevos ciudadanos todo aquello que consideramos esencial, los saberes e instrumentos acumulados que una generación transmite a la siguiente. Cada familia transmite su patrimonio a sus hijos, pero la sociedad democrática se obliga a poner a disposición de todos el intangible patrimonio del conocimiento. Y con ello, a remover los obstáculos que la desigualdad de origen opone al libre desarrollo humano. Ese papel de la escuela es fundamental para aquellos que, privados de otro patrimonio, tendrán en la formación dada por la enseñanza pública su única riqueza, su única posibilidad de enfrentarse al futuro con armas que les permitan ganarse la vida y ser autónomos y libres. Es, por tanto, esencial garantizar que la enseñanza no sea un negocio, ni una decisión privada, ni una opción de los padres, sino una obligación y un derecho de todos, como mínimo hasta los 16 años.Y por ello es necesario defender el papel central de la enseñanza pública en el sistema educativo, definiendo a su vez el lugar que ha de ocupar en él la privada, sea o no concertada. Nada que objetar a quienes quieran y puedan comprar en el mercado privado un determinado tipo de enseñanza, pero la obligación del Estado para el conjunto de los ciudadanos es garantizar un sistema público de la mayor calidad, igual para todos, plural y universal, en el que sólo el mérito, el talento y el esfuerzo sean los criterios de progreso. A ello se deben dedicar los recursos. Si en alguna ocasión y por alguna causa los poderes públicos no están en disposición de atender por sus propios medios esas necesidades, es razonable que concierten con instituciones educativas privadas. Y cuando sea así, éstas deberán regirse por idénticas normas, aceptando a los alumnos en idénticas condiciones y sometiéndose a los mismos controles que los centros públicos. Porque se concierta para garantizar el derecho a enseñanza pública, porque se financia con los mismos fondos públicos que todos sufragamos con nuestros impuestos y porque no se concierta un servicio público para subvencionar a quienes deseen una enseñanza privada y excluyente para sus hijos.

Pues bien, en Cataluña no es así. Los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió han seguido un modelo que poco tiene que ver con los criterios expuestos. Se ha aprovechado la entrada en vigor de la LOGSE para profundizar en una práctica que acentúa las desigualdades y pervierte la función que debería cumplir el sistema de conciertos con la enseñanza privada. Veamos: el mayor problema práctico de la LOGSE es que mantiene un solo ámbito de educación para todos los alumnos hasta los 16 años, y si ése es un problema común para todos los centros, la situación se hace mucho más grave en la enseñanza pública. En Cataluña se ha producido una situación en la que los centros públicos no pueden (y no deben) seleccionar el alumnado, mientras que los concertados gozan de libertad en la práctica para establecer criterios de admisión y barreras, como la cuota para seleccionar a los alumnos. Así, sucede que el alumnado con menor capacidad adquisitiva, con dificultades, con problemas de integración, se ha ido concentrando en los centros públicos y muchas familias, ante posibles situaciones de conflicto, acaban optando por llevar a sus hijos a la enseñanza concertada. Todo ello, junto con el descenso de la población en edad escolar, hace disminuir la proporción de alumnos de ESO escolarizados en centros públicos, que ven reducidas sus líneas año tras año. Una vez atraída la clientela, se está produciendo además una masiva concertación de la enseñanza posobligatoria (bachillerato y módulos), mientras se reducen aún más líneas en los institutos públicos, desplazando profesores a centenares, sin más objeto que consolidar un negocio económico e ideológico privado. Sólo hay que ver los presupuestos del departamento, en los que el aumento mayor de partidas se dedica a los conciertos, para comprender que aquí no hay cambio de orientación ni modificación de una política que lleva más de 20 años modelando el sistema educativo en Cataluña. La falta de variaciones sustanciales en la anunciada modificacióndel decreto de matriculación es el ejemplo más evidente de la inexistencia de cambios en esa dirección, porque el problema no se soluciona porque nos repartamos unos cuantos inmigrantes. No son ellos los únicos posibles alumnos conflictivos, ni la causa de la pérdida de protagonismo de la enseñanza pública. Es necesario invertir la tendencia si queremos recuperar la función democrática de la enseñanza. Porque en cuanto ésta se vea reducida a un nivel subsidiario y asistencial, la enseñanza pública ya no será un asunto de todos. Si convertimos la enseñanza pública en una especie de beneficencia, retrocederemos décadas y perderemos la gran conquista que para el avance de la igualdad significó un sistema público de enseñanza. Pero incluso si queremos hablar en términos de competitividad entre pública y concertada, sólo con las mismas normas y controles, con las mismas reglas de juego, se darían los primeros pasos para ello. Lo que una sociedad no hipócrita no debería consentir es que la pretendida libertad de elección de centros se convierta en mecanismo de exclusión o de degradación de una enseñanza pública que hoy todavía mantiene, a pesar de todo, niveles de calidad que resisten comparación con la de los más prestigiosos centros privados. Nuestra obligación es impedirlo. No sólo de los profesores o de los padres, sino de toda la sociedad: de los poderes públicos, de las organizaciones sociales y políticas. Y no con medidas parciales, sino con políticas que corrijan las desviaciones de fondo. Porque una de las más peligrosas consecuencias del llamado "pensamiento único" que domina las sociedades occidentales es justificar lo existente como el único modelo válido. Primero se construye una realidad y después se argumenta que si existe debe de ser porque la gente lo quiere así. Aunque a veces resulte difícil decir cosas que no están de moda, algunos pensamos que, en todo caso, es nuestra obligación hacerlo.

Margarita García Sebastián es profesora de secundaria.