El 80% de las empresas podrá beneficiarse de la reducción del tiempo para trámites burocráticos

Las nuevas medidas del Gobierno andaluz para aligerar los trámites burocráticos a la hora de poner en marcha un establecimiento industrial entrarán en vigor a partir del 2 de noviembre. Más del 80% de las empresas de la comunidad podrán beneficiarse de la ventaja anunciada por el Ejecutivo: los negocios que no necesiten autorización administrativa previa tendrán sus papeles listos para empezar a funcionar en un solo día, tras presentar la documentación necesaria en ventanilla. El decreto afecta a la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de las empresas.

La Consej...

Las nuevas medidas del Gobierno andaluz para aligerar los trámites burocráticos a la hora de poner en marcha un establecimiento industrial entrarán en vigor a partir del 2 de noviembre. Más del 80% de las empresas de la comunidad podrán beneficiarse de la ventaja anunciada por el Ejecutivo: los negocios que no necesiten autorización administrativa previa tendrán sus papeles listos para empezar a funcionar en un solo día, tras presentar la documentación necesaria en ventanilla. El decreto afecta a la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de las empresas.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico pretende con este nuevo decreto aligerar la burocracia y ganar ese tiempo para vigilar con posterioridad que las empresas cumplen las normas. El nuevo decreto unifica las distintas fases que antes se seguían para poner en marcha una empresa, de tal forma que, para la mayoría de ellas, una vez obtenido el justificante de haber presentado el expediente, la autorización para el funcionamiento tendrá carácter inmediato. Esto afecta a empresas relacionadas con elevadores (grúas, ascensores), máquinas, aparatos a presión, instalaciones frigoríficas de baja capacidad e instalaciones de agua, calefacción y gas en empresas no distribuidoras, instalaciones eléctricas de baja tensión, entre otras. "Muchas de ellas afectan directamente al ciudadano", dijo ayer Viera.

Para el resto de las actividades industriales que no necesitan autorización previa, se establece un plazo de 20 días en los que la Administración ha de dar una respuesta tras el análisis de la documentación. De no recibirse notificación alguna, se entenderá que se puede seguir adelante con el proyecto, algo que no se contemplaba en la anterior normativa de la Junta.

En otro cajón estarían las empresas que precisan autorización previa, entre las que figuran aquellas que, por su envergadura, necesitan un informe de impacto ambiental. Para estas, las normas no cambian pero se creará un grupo de trabajo mixto, entre las Consejerías de Medio Ambiente y la de Empleo para acelerar todos los trámites que deban satisfacer.

El consejero de Empleo, José Antonio Viera, aseguró ayer que con esta medida se beneficiarán más de un 80% de los negocios andaluces y espera que al final de la legislatura las 380.000 empresas de la comunidad asciendan a 500.000 al verse liberadas de la carga burocrática.

La Junta tutelará con posterioridad que se cumpla todo lo presentado en los proyectos industriales. "A eso se destinarán los recursos económicos y humanos" que perderán peso en las fases de autorización.

Medidas como esta, para agilizar los trámites de la actividad económica, ya se han puesto en marcha en otras tres regiones, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. En Andalucía ya se han creado tres oficinas de "respuesta unificada" para atender las solicitudes de las empresas, en Málaga, Cádiz y Jaén, y se espera que antes del 30 de diciembre de 2000 estén en marcha en el resto de las provincias.

El proyecto culminará, pues, con la creación de las unidades territoriales de empleo y desarrollo tecnológico que se distribuirán por la región para que "los ciudadanos que vivan en lugares alejados no tengan que trasladarse", afirmó el consejero.

Hasta ahora, las actividades industriales que no necesitaban autorización previa soportaban plazos entre 30 y 40 días para tener sus papeles en regla y comenzar a funcionar. Para las otras empresas, en función de su complejidad, el tiempo de espera podía ser alrededor de dos meses.

Viera se remontó ayer a los años ochenta cuando un Real Decreto recogía la liberalización de la actividad industrial. "Estos meses se ha trabajado en buscar una fórmula para agilizar los trámites burocráticos con lo que se cumple así el compromiso electoral del Gobierno andaluz", aseguró el consejero. Viera dijo ayer que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado el nuevo decreto, que espera que "será bueno para la dinamización del sector económico".