Consejero intrépido

J. J. PÉREZ BENLLOCHJusto cuando creíamos que la Consejería de Medio Ambiente era una ficción en el organigrama de la Generalitat Valenciana, su titular, Fernando Modrego, se suelta el pelo y nos obsequia con un catálogo de humedales del país que no se lo esperaban ni los ecologistas más animosos. Es posible que esa relación no incluya todos los que son y tampoco nos sorprendería que no lo fuesen -digo protegibles- todos los que están, pero tratar de poner a buen resguardo de la depredación más de 45.000 hectáreas es un propósito plausible que, en buena lid, debemos constatar y agradecer al si...

J. J. PÉREZ BENLLOCHJusto cuando creíamos que la Consejería de Medio Ambiente era una ficción en el organigrama de la Generalitat Valenciana, su titular, Fernando Modrego, se suelta el pelo y nos obsequia con un catálogo de humedales del país que no se lo esperaban ni los ecologistas más animosos. Es posible que esa relación no incluya todos los que son y tampoco nos sorprendería que no lo fuesen -digo protegibles- todos los que están, pero tratar de poner a buen resguardo de la depredación más de 45.000 hectáreas es un propósito plausible que, en buena lid, debemos constatar y agradecer al silente y discreto consejero.

Pero no ha parado ahí la cosa. Cuando otros colegas suyos en las tareas de gobierno ya están mano sobre mano a la espera de la diáspora vacacional, el imprevisible Modrego, al decir del diario El Mundo -abundosa y singularmente nutrido por las fuentes oficiales-, da cuenta de la labor desarrollada por su departamento y anuncia una operación de gran alcance para reducir la contaminación en general y en el parque natural de L'Albufera, en especial. A este respecto anota que, en tan solo los seis primeros meses del año, se han efectuado casi 2.000 inspecciones de las que se han decantado 182 expedientes con 139 millones de pesetas en multas por infracciones medioambientales.

No faltarán quienes opinen -y nosotros con ellos- que se trata de un correctivo muy moderado para tan gran desmadre ecológico como se constata por doquier. Pero menos o nada se hacía en este capítulo y hemos de convenir, además, que estamos asistiendo al inicio de una cultura que se ahorma en torno al principio de quien contamina, paga. Lo decisivo, pues, es que los sancionados paguen y que el importe de las multas vaya creciendo hasta el punto en que contaminar sea tan gravoso que desaliente definitivamente a los empapelados, esos mismos que hasta ahora han gozado de una impunidad escandalosa.

Por eso nos parece plausible, en esta línea, que la referida consejería se proponga cerrar nada menos que 14 industrias y sancionar a 18 más por no depurar sus residuos y verterlos al lago de L'Albufera. Eso son palabras mayores, tanto que quedamos a la espera, aunque no demasiado esperanzados, de ver cumplidas tales resoluciones. Un efecto tan ejemplarizante obraría como mano de santo para disuadir a los contaminadores que se obstinan en pudrir su entorno, que es el nuestro. Tan radical correctivo bien podría contagiar a los ayuntamientos para que aplicasen políticas medioambientales más eficaces, como es, por ejemplo, en el torturante capítulo de la contaminación acústica o el antihigiénico sembrado urbano de defecaciones caninas.

Como estas líneas están escritas en clave de reconocimiento y aliento al mentado consejero, justamente vapuleado en otras ocasiones, queremos recordarle que su intrepidez debe proyectarse igualmente en el vasto panorama de nuestros déficit ecológicos, como son Pego, Xeresa, los ríos Segura, Xúquer, Vinalopó y etcétera. Tarea en la que, junto a la fiscalía especializada en esta casuística penal, tan parcamente utilizada hasta el momento, encontrará el apoyo de las gentes sensatas.