Un perfecto mecanismo de amenaza
"La acción de oro, aunque no se haya utilizado en España, es un perfecto mecanismo de amenaza para que el Gobierno pueda impedir ciertas operaciones", afirma un experto jurídico de la Comisión. Por la vía de los hechos ha sido así, aunque oficialmente la línea marcada por el presidente, José María Aznar, recientemente es que España no ha aplicado en ningún caso el derecho de veto, ya que la amenaza esgrimida en la fusión de Telefónica y KPN nunca llegó a cristalizar porque la firma holandesa rompió las negociaciones antes.
Esa ruptura entre Telefónica y KPN estuvo precedid...
"La acción de oro, aunque no se haya utilizado en España, es un perfecto mecanismo de amenaza para que el Gobierno pueda impedir ciertas operaciones", afirma un experto jurídico de la Comisión. Por la vía de los hechos ha sido así, aunque oficialmente la línea marcada por el presidente, José María Aznar, recientemente es que España no ha aplicado en ningún caso el derecho de veto, ya que la amenaza esgrimida en la fusión de Telefónica y KPN nunca llegó a cristalizar porque la firma holandesa rompió las negociaciones antes.
Esa ruptura entre Telefónica y KPN estuvo precedida en mayo pasado por un cruce de cartas entre los Gobiernos español y holandés en las que el ministro de Economía español, Rodrigo Rato, pedía a su homólogo holandés, Gerrit Zalm, que no podía permitir su entrada en Telefónica mientras mantuviera su participación en KPN.
Rato exigió a Holanda que abandonase "de forma irreversible e inmediata" su posición como accionista de KPN como condición indispensable para aprobar la fusión de esta empresa con Telefónica. Argumentaba el ministro español que para su gobierno resultaba "esencial reducir al máximo las participaciones públicas en empresas que operan y compiten en mercados privados con el objetivo de garantizar la transparencia y efectividad del proceso de privatizaciones". Economía reconoció entonces públicamente que había sometido a Telefónica a "una vigilancia especial". La respuesta del titular de Economía neerlandés fue que su Gobierno se comprometía a abandonar la empresa en 18 meses. No sirvió de nada esa promesa.