El Ayuntamiento de Hernani defiende que es "legal" eliminar tres fiestas "españolas"
El equipo de gobierno de Hernani, municipio gobernado por EH, y su comité de empresa comparecieron ayer en una vista judicial en San Sebastián por su decisión de suprimir como jornadas festivas para sus funcionarios el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 12 de octubre (fiesta nacional de España) y el 25 de julio (Santiago Apostol). El juez de lo Social deberá decidir si una empresa (un ayuntamiento en relación con sus funcionarios en este caso) es competente para modificar el calendario oficial de fiestas de la comunidad autónoma, elaborado por el Departamento de Trabajo. La decisión d...
El equipo de gobierno de Hernani, municipio gobernado por EH, y su comité de empresa comparecieron ayer en una vista judicial en San Sebastián por su decisión de suprimir como jornadas festivas para sus funcionarios el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 12 de octubre (fiesta nacional de España) y el 25 de julio (Santiago Apostol). El juez de lo Social deberá decidir si una empresa (un ayuntamiento en relación con sus funcionarios en este caso) es competente para modificar el calendario oficial de fiestas de la comunidad autónoma, elaborado por el Departamento de Trabajo. La decisión del equipo de gobierno fue aprobada con la oposición de PNV-EA, PSOE y PP y recurrida por las centrales ELA y CCOO.El abogado del Ayuntamiento de Hernani, Oscar Padura, dijo en la vista que el consistorio actuó "conforme a la legalidad vigente" cuando adoptó la decisión de suprimir esas tres fiestas por su carácter "español". El letrado cuestionó la competencia de un Juzgado de lo Social para ver este caso, que a su entender, debería tramitarse por la vía de lo Contencioso administrativo, ya que se trata de un recurso contra un acuerdo adoptado por una administración.
El representante del comité de empresa, Antxon Urdangarin, recordó que la decisión de anular las tres fiestas fue aprobada por la "mayoría" de la asamblea de trabajadores, propuesta que fue trasladada posteriormente a la comisión de gobierno.
El abogado de ELA, Unai Martínez, dijo que la decisión es "contraria a derecho", porque modifica el calendario oficial establecido por Trabajo. El letrado de CC OO, Tomás Hernández, recalcó que la normativa del Gobierno vasco es "imperativa y no susceptible de modificación".