El primer proceso privó al acusado de sus derechos constitucionales, según la sentencia
El Tribunal Supremo del Estado de Florida, EEUU, concedió ayer un nuevo juicio a Joaquín José Martínez aceptando que el primero estuvo viciado por un "cúmulo de violaciones procesales" que le privaron de sus derechos constitucionales. Los magistrados apoyan su decisión en tres pruebas inadmisibles que se habían permitido durante el primer proceso, referidas a que los fiscales y el detective principal actuaron con prejuicios, así como a transcripciones de partes ininteligibles de una cinta de vídeo incriminatoria, que se prestó a que el jurado lo interpretara como una prueba adicional.
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El Tribunal Supremo del Estado de Florida, EEUU, concedió ayer un nuevo juicio a Joaquín José Martínez aceptando que el primero estuvo viciado por un "cúmulo de violaciones procesales" que le privaron de sus derechos constitucionales. Los magistrados apoyan su decisión en tres pruebas inadmisibles que se habían permitido durante el primer proceso, referidas a que los fiscales y el detective principal actuaron con prejuicios, así como a transcripciones de partes ininteligibles de una cinta de vídeo incriminatoria, que se prestó a que el jurado lo interpretara como una prueba adicional.
"Anulamos la condena, invalidamos la sentencia y pedimos un nuevo juicio" escribieron los siete magistrados en su fallo de treinta y dos páginas emitido ayer en Tallahassee, capital de Florida. El abogado defensor, Peter Reuben, explicó a EL PAÍS que ahora Joaquín José Martínez será trasladado del Union Correctional Center a una cárcel del condado de Hillsborough, a la espera de que el juez J. Rogers Padgett ordene una fecha para empezar todo el proceso de nuevo. Pero antes, la Fiscalía del Estado de Florida que lo encausó tiene un plazo de quince días para recurrir el fallo del tribunal y solicitar una nueva audiencia del caso.Técnicamente, Martínez podría solicitar que lo dejarán en libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio, pero según Reuben "es altamente improbable. Las posibilidades de que lo concedan en casos de pena capital son prácticamente nulas". El fallo es un gran triunfo para Martínez y para Reuben, conocido como uno de los más prestigiosos letrados de casos de apelación de Florida. "En nombre de Martínez y de su familia quiero dar las gracias al pueblo español, sin cuya ayuda espiritual y económica esta victoria hubiera sido imposible", dijo Reuben en su oficina de Coconut Grove, Miami.
El nuevo proceso puede tardar hasta un año. "Hay muchas investigaciones que no se hicieron y ahora se tienen que hacer y nuevas pruebas que esperamos que se admitan", afirmó Reuben. El Tribunal Supremo aceptó como válido el argumento de Reuben de que a falta de un arma homicida o de testigos directos, los fiscales recurrieron a argucias inadmisibles. Como cuando predispusieron al jurado contra la inocencia del acusado insinuando que maltrataba a su mujer, o cuando presentaron como si fuera una "prueba" la opinión del detective Michael Conigliaro de que Martínez era culpable.
"El carácter de un acusado no es un hecho relevante per sé. Los fiscales no deben expresar su opinión sobre la credibilidad de los testigos", señalan los jueces. En otro apartado, en la página 12 del dictamen, subrayan: "Hay peligro de prejuicio cuando a un policía se le permite expresar su opinión sobre la culpabilidad. Es una invasión impermisible".
Finalmente pasan a cuestionar la que fue prueba crucial para condenarlo. Un vídeo cuyas partes inaudibles se suplementaron con una transcripción escrita que, según la apelación, no era fiable y sin embargo el juez Padgett permitió que el jurado la usara. En la cinta, Martínez presuntamente se reconocía culpable durante una conversación con su mujer, grabada con el consentimiento de ella el 28 de enero de 1996, momentos antes de que lo detuviera la policía que escuchaba frente a la casa.
La transcripción refleja alrededor de 300 comentarios, pero no se escuchan más de un centenar. Los jurados no fueron instruidos de que se trataba de una guía y que sólo constituía una "prueba" lo que ellos pudieran escuchar por sí mismos. Los fiscales habían pedido al Supremo que desestimara esos argumentos por dos razones: una, que de todas formas la esposa, Sloan, y el detective Conigliaro, que escuchó la conversación, ratificaron la veracidad de la transcripción.
Ayer, en la penúltima página de la decisión del Supremo, uno de los magistrados, J. Anstead, escribió: "Es el jurado el que debe determinar lo que se oye. Por supuesto que los que la escucharon pueden testificar, pero permitir ese testimonio es muy diferente a presentar al jurado con una transcripción de declaraciones que ellos no pueden oír".
Mala defensa
El fallo no entra en otras partes del sumario cuestionadas en la apelación, como el cambio de hora de los crímenes que impidió que Martínez presentara una coartada, o la mala defensa que tuvo cuando en abril de 1997 un jurado de Hillsborough lo condenó a muerte. El estado de descomposición de los cuerpos de Douglas R. Lawson y Sherrie McCoy-Ward, tiroteado el de él y apuñalado el de ella, se prestaba a dudas sobre la fecha y hora en que los asesinaron. El pleno del Supremo concluyó ayer que "se requiere otro examen de las evidencias admisibles e inadmisibles en las que el jurado se pudo apoyar y pudieron influirle".