El PSPV quiere proteger por ley al consumidor frente a las eléctricas

El Grupo Socialista-Progresistas de las Cortes Valencianas presentó ayer una proposición de ley de protección de la calidad del suministro eléctrico con la que el principal grupo de la oposición pretende que el Consell defienda los derechos de los usuarios frente a los "abusos" de las compañías eléctricas, que funcionan como "oligopolios". El portavoz socialista, Antonio Moreno, explicó que han decidido "tomar la iniciativa" y presentar la proposición ante la parálisis del Consell del PP, que no ha atendido el "clamor popular" de los ciudadanos y de los empresarios que sufren los efectos de un...

El Grupo Socialista-Progresistas de las Cortes Valencianas presentó ayer una proposición de ley de protección de la calidad del suministro eléctrico con la que el principal grupo de la oposición pretende que el Consell defienda los derechos de los usuarios frente a los "abusos" de las compañías eléctricas, que funcionan como "oligopolios". El portavoz socialista, Antonio Moreno, explicó que han decidido "tomar la iniciativa" y presentar la proposición ante la parálisis del Consell del PP, que no ha atendido el "clamor popular" de los ciudadanos y de los empresarios que sufren los efectos de un servicio sometido a frecuentes cortes de suministro injustificados, además de bajadas y subidas de tensión, a pesar de soportar unas tarifas eléctricas que son "las segundas más caras de Europa".Moreno explicó que los consumidores en general y los empresarios para los que el consumo eléctrico es fundamental en su producción, se sienten "desamparados" ante la "prepotencia" de las compañías elécticas. "El Gobierno es "benévolo con las compañías eléctricas y despreocupado con los consumidores", remarcó el portavoz socialista de Industria, José Pérez Grau. Hasta ahora, sólo la comunidad de Castilla-La Mancha dispone de una ley autonómica que desarrolla la legislación estatal.

La proposición de ley pretende que se garantice un suministro de energía eléctrica sin interrupciones y con calidad suficiente. El texto reclama que las empresas distribuidoras controlen las incidencias que se produzcan en la red y que presenten periódicamente a la Administración seguimientos de ese control. También propone que los contratos de las compañías con los clientes prevean el pago de indemnizaciones por los daños que puedan ocasionar los cortes de suministro o las variaciones de tensión, de manera que se puedan acortar los procesos de reclamaciones, que actualmente se hacen interminables, y dotarles de efectividad.

El texto indica que la Administración podrá efectuar cuantas inspecciones considere oportunas, con sus medios o recurriendo a entidades colaboradoras, en las instalaciones de las empresas distribuidoras para conocer la calidad del suministro.