Un inspector de la trama de Hacienda en Barcelona manejó dinero negro
El inspector fiscal Manuel Abella, uno de los implicados en la presunta trama de corrupción de Hacienda en Barcelona, manejó fondos de dinero negro. Así lo ha manifestado el propio funcionario en el curso de la investigación a la que está siendo sometido tras aparecer algunos descuadres en sus cuentas bancarias. Fuentes próximas al caso han informado de que Abella manejó entre 8 y 10 millones de pesetas anuales en dinero negro en 1993 y 1994. Abella es uno de los inspectores imputados, junto a Roger Bergua, Manuel Lucas Carrasco y Álvaro Pernas, por haber tenido relaciones comerciales con grup...
El inspector fiscal Manuel Abella, uno de los implicados en la presunta trama de corrupción de Hacienda en Barcelona, manejó fondos de dinero negro. Así lo ha manifestado el propio funcionario en el curso de la investigación a la que está siendo sometido tras aparecer algunos descuadres en sus cuentas bancarias. Fuentes próximas al caso han informado de que Abella manejó entre 8 y 10 millones de pesetas anuales en dinero negro en 1993 y 1994. Abella es uno de los inspectores imputados, junto a Roger Bergua, Manuel Lucas Carrasco y Álvaro Pernas, por haber tenido relaciones comerciales con grupos constructores a los que investigaban fiscalmente.
El juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha interrogado como imputado al inspector Manuel Abella y existe secreto sumarial sobre el caso.El juzgado investiga la compra de una vivienda por parte de Abella a la constructora grupo Núñez y Navarro, y la participación del funcionario de Hacienda en otras inspecciones a empresas ligadas al grupo Torras. Según fuentes próximas a la investigación, el juzgado ha requerido al inspector que explique cómo pudo pagar una cuota mensual de medio millón de pesetas por el piso. Abella ha reiterado que recibió una herencia.
En cualquier caso, las fuentes consultadas dicen que la cuota fiscal no declarada por Abella no sobrepasaría los tres millones de pesetas, por lo que no llegaría al límite de 15 millones que se requiere para que exista delito fiscal. Fuentes próximas al inspector declinaron ayer realizar comentarios al respecto.
Los inspectores fiscales no pueden tener relaciones comerciales con sus inspeccionados, ya que lo prohíbe el reglamento de Hacienda. Pero los funcionarios implicados en la supuesta trama de corrupción en Barcelona no se privaron de comprar pisos o de tener relaciones mercantiles con empresas constructoras que investigaban.
De hecho, los inspectores Abella, Bergua y Lucas Carrasco se relacionaron comercialmente con el grupo Núñez y Navarro a través de las empresas Florinu, Naynu y Seteinsa. El también inspector fiscal Álvaro Pernas tampoco se abstuvo de tener relaciones con la firma Torre Mitre, que él inspeccionaba, y que era administrada por Pedro Senserrich, Jacinto Huguet y Enrique Reyna Benabarre. Los cuatro inspectores fiscales han sido apartados de sus puestos y el juez investiga si obtuvieron favores de las empresas que tenían que inspeccionar.
El juzgado trabaja en dos ámbitos tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción: por un lado investiga las cuentas bancarias de los inspectores y por otro intenta determinar si los pisos se vendieron a precios de mercado. Todos los inspectores están imputados, así como algunos asesores fiscales y Josep Lluis Núñez Navarro, hijo del presidente del grupo constructor y del F.C. Barcelona.
Abella y su esposa compraron dos pisos de 127 metros cada uno y dos plazas de garaje al grupo Núñez y Navarro en la zona alta de la calle Balmes de Barcelona en octubre de 1994. Este inspector tuvo a su cargo la inspección de este grupo de empresas entre 1992 y 1998. El matrimonio pagó 81,4 millones de pesetas. La hipoteca para comprar los pisos le fue concedida por Caixa Catalunya. El director de la oficina anotó a mano en su propuesta de crédito que Abella estaba recomendado por Josep Lluis Núñez Navarro. Caixa Catalunya niega que exista esa anotación, pero fuentes de la investigación dicen que existe. El director de la oficina de la caja ya ha fallecido, lo que impide su testimonio ante el juez.
Según el informe remitido aljuzgado por la Agencia Tributaria, las actuaciones de Abella sobre el grupo constructor sólo arrojaron como resultado unos ingresos para el fisco de "7,7 millones de pesetas de suma algebraica de deuda descubierta menos las devoluciones acordadas por acta".
El caso de José Lucas Carrasco es más enrevesado. Trabajó con el grupo Núñez y Navarro a través de su empresa LML, en la que figura como administradora su mujer, Mayra Mas Echevarría, que también fue subinspectora fiscal, según fuentes del caso. LML compró a la constructora locales comerciales y plazas de garaje. En paralelo, la empresa del matrimonio vendió material informático al grupo Núñez, dicen las fuentes consultadas. Lucas tuvo que presentar una declaración complementaria para regularizar su situación fiscal tras descubrirse que tenía cuentas ocultas en Suiza.
Por su parte, Roger Bergua adquirió en enero de 1993 un piso a Núñez y Navarro en la residencial calle doctor Roux de Barcelona por 29 millones. Bergua ejercía por esas fechas como inspector regional adjunto. Pero entre 1988 y 1990, antes de ser promovido a inspector jefe adjunto, se encargaba de la investigación fiscal al grupo constructor que le vendió el piso. Según los datos enviados por la Agencia Tributaria al juzgado, de las 50 inspecciones realizadas por él a este grupo ninguna acabó con acta contra la empresa.
El inspector Álvaro Pernas compró un piso y cuatro plazas de garaje a la empresa Torre Mitre en la calle Torre Villa, de Barcelona, por 47,3 millones, según Hacienda. El inspector no figura de forma directa, ya que la compra la hizo la empresa Tastirem, administrada por Jesús García Algora, al que Hacienda considera testaferro de Pernas.