Fenosa tiene el mismo 'blindaje' que quiere suprimir en Hidrocantábrico

Unión Eléctrica Fenosa dispone en sus estatutos de medidas de blindaje similares a aquellas a las que pretende que renuncie Hidroeléctrica del Cantábrico, sobre la que la eléctrica galaicomadrileña lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) el pasado 24 de marzo con el propósito de hacerse con su control. El presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, acusó ayer al Gobierno del PP de haber impedido que se presentaran otras ofertas más favorables que la de Fenosa.

La compañía Fenosa modificó, al igual que hizo Hidrocantábrico, sus estatutos sociales pa...

Unión Eléctrica Fenosa dispone en sus estatutos de medidas de blindaje similares a aquellas a las que pretende que renuncie Hidroeléctrica del Cantábrico, sobre la que la eléctrica galaicomadrileña lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) el pasado 24 de marzo con el propósito de hacerse con su control. El presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, acusó ayer al Gobierno del PP de haber impedido que se presentaran otras ofertas más favorables que la de Fenosa.

La compañía Fenosa modificó, al igual que hizo Hidrocantábrico, sus estatutos sociales para incorporar medidas que evitaran ofertas hostiles. Entre ellas, la principal es la limitación del 10% del derecho de voto de sus accionistas (es decir, ningún accionista podrá ejercer más del 10% de los votos aunque su participación sea mayor). Se da la circunstancia de que Fenosa ha pedido a los accionistas de Cantábrico que se suprima esa cláusula para que la OPA lanzada sobre la eléctrica asturiana saliera más barata. La existencia de esa cláusula obligaba a que la OPA tuviera que ser seguida por el 75% del capital (porcentaje con el que se puede cambiar los estatutos) cuando al suprimirse con el 51% le valía.En la junta del 25 de abril la junta rechazó el cambio a pesar de contar con el apoyo de cuatro de los siete grupos accionariales presentes en el consejo de Cantábrico (La Caixa, Grupo Masaveu, familia Carceller y Banco Sabadell). El lunes volverá a la carga en la otra junta extraordinaria. No obstante, la compañía galaicomadrileña asegura que seguirá adelante con su OPA aun cuando la asamblea del lunes rechace de nuevo la supresión de las cláusulas defensivas.

Mientras todo esto se cuece, el presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, acusó ayer al PP de haber impedido desde el Gobierno de la nación que se pudieran presentar ofertas de compra sobre Cantábrico competitivas con la de Fenosa y más favorables que ésta. Alvarez Areces hacía así referencia a las indicaciones que se le hicieron llegar en las últimas semanas desde Economía a la eléctrica alemana Energie Baden Wutterburg (EnBW) para que no formulara la contra-OPA que había negociado con grupos accionariales de Cantábrico.

Economía comunicó a EnBW que, en virtud de la presencia de capital público de varias regiones y ayuntamientos alemanes en su capital y la participación en su accionariado de la compañía estatal francesa Electricité de France (EdF), monopolística en su país, el Gobierno español aplicaría a cualquier oferta respaldada por la compañía alemana la misma cláusula de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales que ya se le había hecho saber a EdF. Dicha cláusula impide que cualquier eléctrica española pueda ser controlada por una compañía pública extranjera.

En sus negociaciones con grupos accionariales de Cantábrico, EnBW llegó a ofrecer, según pudo saber este periódico, un precio de 27 euros por acción, frente a los 24 euros que propone Fenosa, y al tiempo garantizaba la continuidad de Cantábrico como sociedad con personalidad jurídica propia y sede societaria en Asturias, dos de las reclamaciones del Gobierno asturiano.

El intento de control de Fenosa sobre Cantábrico, presidida por Óscar Fanjul, se enfrenta ahora no sólo a la oposición del Gobierno asturiano, Caja de Asturias y TXU, sino también al posible pronunciamiento adverso o muy restrictivo del Tribunal de Defensa de la Competencia. El Gobierno ha retrasado la publicación de ese informe, en principio prevista para ayer. El BSCH se ha visto así obligado a reducir su participación en Fenosa del 5% al 3%. El tribunal considera que la integración de Cantábrico en Fenosa es atentatoria contra la competencia, por lo que sugiere que se impongan duras condiciones a la operación.