Visitantes de pago

A finales de los años setenta el turismo de masas, asociado al modelo de "sol y playa", comenzó a mostrar signos de agotamiento en todo el Mediterráneo occidental. Las encuestas advertían que el visitante se encontraba cada vez más insatisfecho, en gran medida por el intenso deterioro ambiental que habían sufrido numerosos enclaves costeros. La moda de los viajes culturales, y la búsqueda de paisajes poco degradados, convierten en destinos mucho más apetecibles algunas zonas del Mediterráneo meridional y oriental. Islas griegas (como Creta y Corfú), Chipre, Marruecos o Turquía comienzan entonc...

A finales de los años setenta el turismo de masas, asociado al modelo de "sol y playa", comenzó a mostrar signos de agotamiento en todo el Mediterráneo occidental. Las encuestas advertían que el visitante se encontraba cada vez más insatisfecho, en gran medida por el intenso deterioro ambiental que habían sufrido numerosos enclaves costeros. La moda de los viajes culturales, y la búsqueda de paisajes poco degradados, convierten en destinos mucho más apetecibles algunas zonas del Mediterráneo meridional y oriental. Islas griegas (como Creta y Corfú), Chipre, Marruecos o Turquía comienzan entonces a atraer a estos "desencantados".Siendo el turismo la principal industria regional, en Andalucía este fenómeno causó una lógica inquietud, tanto en los empresarios del sector como en la propia Administración. En 1988, la Agencia de Medio Ambiente encargó un estudio para evaluar los costes de la degradación ambiental, ocasionados por el turismo, en 65 municipios litorales y, lo que es más importante, los beneficios que podrían obtenerse si se moderase este impacto.

Los autores del estudio cifraron en 44.000 millones de pesetas la inversión necesaria para hacer frente a los daños que el turismo de masas estaba ocasionando en la costa andaluza. De esta cantidad, aconsejaban, cerca de 18.000 millones deberían destinarse a actuaciones urgentes, sobre todo a aquellas relacionadas con los problemas de saneamiento y abastecimiento de agua, y tratamiento de basuras urbanas.

En caso de no aplicar estas medidas, pronosticaba el estudio, las pérdidas para el sector turístico comenzarían a manifestarse en poco tiempo, y en cantidades que podrían rondar los 25.000 millones de pesetas anuales. Suponiendo que se aplicaran todas las medidas correctoras, y se lograra diversificar la oferta, reduciendo la presión sobre el litoral, los beneficios podrían alcanzar, en el horizonte del año 2010, los 242.000 millones de pesetas anuales.

Desarrollo sostenible

Doce años después de aquel trabajo, los expertos convocados por la Consejería de Medio Ambiente para redactar la Agenda 21 Andalucía, en donde se propone un modelo de desarrollo sostenible para la región, han vuelto a insistir en las "repercusiones negativas que el deterioro ambiental está ocasionando en la cuenta de resultados del sector turístico".

Por este motivo, han incluido, como acción prioritaria, "la introducción de incentivos o penalizaciones para las instalaciones turísticas, en función de su grado de respeto por el medio ambiente, así como la posibilidad de introducir nuevas figuras fiscales que potencien un turismo sostenible".

: El Gobierno balear es el único que hasta ahora se ha mostrado decidido a establecer un tributo destinado a todos los turistas que visiten el archipiélago, y que serviría para mejorar la calidad ambiental de las zonas más frecuentadas. La cantidad a pagar sería de unas 1.600 pesetas por persona, para estancias inferiores a 30 días, lo que supondría unos ingresos anuales de entre 10.000 y 15.000 millones. Al ser un tributo de carácter finalista, este dinero iría a parar a un fondo que sólo podría emplearse para "la puesta en valor de espacios naturales, recuperación de recursos patrimoniales y mejora de zonas turísticas".

En Andalucía, el nuevo consejero de Turismo y Deporte, José Hurtado, ha mostrado interés por esta fórmula, si bien no ha precisado cuál es el criterio del Gobierno autónomo al respecto, remitiendo cualquier decisión "al consenso de todos los colectivos que viven de esta actividad, por lo que habrá que discutir el tema en la Mesa de Turismo". La cautela con la que se ha iniciado el debate viene determinada por la polémica que en Baleares ha suscitado esta ecotasa, ya que mientras ecologistas y comerciantes se muestran favorables a la misma, empresarios y Gobierno central no la ven con buenos ojos.

Aún así, suponiendo que en Andalucía se terminara aplicando un tributo de estas características, los ingresos que podría reportar sumarían más de 30.000 millones de pesetas anuales, dinero con el que podría afrontarse una paulatina modificación de los modelos turísticos menos competitivos.

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