Más de 7.500 jóvenes de 15 a 19 años abortaron durante 1998 Sólo el 2,83% de las interrupciones se realizaron en centros públicos
Más de 7.500 chicas de entre 15 y 19 años abortaron en España en 1998. El aumento que han experimentado las interrupciones voluntarias del embarazo en adolescentes en esta década obedece, según la asociación de clínicas abortistas, a la precocidad en el inicio de las relaciones y a la deficiente formación sobre anticonceptivos. De los 53.847 abortos practicados en 1998 en España, sólo el 2,83% se realizaron en centros sanitarios públicos.
El aumento de abortos entre jóvenes, con edades comprendidas entre 15 y 19 años, representa la tendencia más preocupante para la Asociación de Clínic...
Más de 7.500 chicas de entre 15 y 19 años abortaron en España en 1998. El aumento que han experimentado las interrupciones voluntarias del embarazo en adolescentes en esta década obedece, según la asociación de clínicas abortistas, a la precocidad en el inicio de las relaciones y a la deficiente formación sobre anticonceptivos. De los 53.847 abortos practicados en 1998 en España, sólo el 2,83% se realizaron en centros sanitarios públicos.
El aumento de abortos entre jóvenes, con edades comprendidas entre 15 y 19 años, representa la tendencia más preocupante para la Asociación de Clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (Acai), que celebra en Sevilla las I Jornadas Internacionales sobre el Aborto en la Salud Reproductiva. La presidenta de la organización, Consuelo Catalá, atribuyó el incremento a los problemas de identidad de la pubertad y a la deficiente información sobre los sistemas anticonceptivos. Catalá considera que deben extremarse los "cuidados" con las jóvenes: "Es muy doloroso tener que empezar tu vida sexual con un aborto".Para la ginecóloga Eva Rodríguez pesan, además, otras razones, como la precocidad a la hora de iniciar relaciones sexuales con coito. "Falla la actitud y la madurez para usar anticonceptivos, pero también influyen la liberalización de las costumbres y lo que ven en televisión", indicó.
Como indicador del aumento de abortos entre jóvenes, Catalá comparó la tasa de 1990, situada en el 3,12 por mil, con la registrada en 1998, que se incrementó hasta el 5,71, a pesar del retroceso demográfico en el segmento de la población femenina con edades entre 15 y 19 años.
En España, se realizaron 53.847 interrupciones voluntarias del embarazo en 1998, casi 17.000 más que al inicio de la década. El Ministerio de Sanidad prevé que estas intervenciones prosigan creciendo hasta superar las 60.000 en el año 2002. Pese a ello, el aborto sigue rozando la marginalidad en distintos aspectos. Uno de los objetivos de las jornadas que se celebran en Sevilla consiste, según la asociación organizadora, en romper ese ostracismo. "Estamos cumpliendo la legalidad y nos tienen que tratar con el máximo respeto, a nosotras y a las usuarias", exigió Consuelo Catalá.
A pesar de la despenalización en tres supuestos, el aborto no se contempla como una prestación sanitaria pública de manera uniforme en todas las Comunidades Autónomas. Sólo tres (Andalucía, Valencia y Galicia) mantienen conciertos con clínicas privadas para sufragar las interrupciones del embarazo que se ajustan a la ley. El 97,17% de los abortos realizados en 1998 se practicaron en centros privados, pero no existen datos sobre cuántos financia exactamente la sanidad pública. Catalá criticó la "desigualdad" que genera esta disparidad de sistemas según los territorios. "Es un problema de voluntad política", agregó.
No es la única queja que suscita la actual legislación. El magistrado Perfecto Andrés Ibáñez atacó ayer con dureza el actual marco legal por propiciar "criminalizaciones masivas" y favorecer las decisiones "aleatorias". "Los criterios ideológicos son valorativos, dividen a la sociedad y no son aptos para encarnar un procedimiento penal", dijo.
El magistrado aseguró que la legislación actual permite que se quiebren el principio de presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo. "El hecho de ser paciente de una clínica puede implicar estar imputado", censuró. También la abogada Cristina Almeida lamentó que la actual ley cree una inseguridad jurídica y ampare la criminalización de la mujer. Almeida pidió que se uniformice la legislación europea en la materia.