Los sindicatos critican la "pasividad" de Trabajo con las empresas que no tienen planes de seguridad

Los sindicatos ELA, UGT, LAB y CC OO criticaron ayer lo que consideran "pasividad" de la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco ante las 557 empresas "recalcitrantes" que han incumplido la obligatoriedad de comunicar sus planes sobre prevención de accidentes laborales. El departamento, a través de las inspecciones de Trabajo de los tres territorios vascos, ha llevado a cabo durante los cuatro primeros meses del año un seguimiento de esas empresas que ha concluido, de momento, con la propuesta de 18 expedientes sancionadores en Vizcaya y Álava.

El plan estratégico del Instituto Vasco de...

Los sindicatos ELA, UGT, LAB y CC OO criticaron ayer lo que consideran "pasividad" de la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco ante las 557 empresas "recalcitrantes" que han incumplido la obligatoriedad de comunicar sus planes sobre prevención de accidentes laborales. El departamento, a través de las inspecciones de Trabajo de los tres territorios vascos, ha llevado a cabo durante los cuatro primeros meses del año un seguimiento de esas empresas que ha concluido, de momento, con la propuesta de 18 expedientes sancionadores en Vizcaya y Álava.

El plan estratégico del Instituto Vasco de Salud Laboral-Osalan para el año 2000 incluye un control férreo durante el primer trimestre de este año de 557 empresas de la comunidad vasca que, de manera reiterada han incumplido la obligatoriedad de remitir a la Dirección de Trabajo la modalidad de servicio de prevención de siniestros y seguridad laboral que aplican en sus compañías. El cerco concluyó el pasado 31 de marzo. Sin embargo, ayer mismo, la Dirección de Trabajo aún no había recibido las comunicaciones. Oficialmente, en ese departamento sólo se conocía que la Inspección de Trabajo de Álava ha propuesto expedientes sancionadores a 14 empresas. "El tiempo para que las empresas comuniquen sus planes concluyó en marzo pasado y eso se ha cumplido. Sin embargo, las inspecciones de Trabajo de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa disponen de nueve meses para remitir los informes a la Dirección de Trabajo", explicó un portavoz de ese departamento.

Empresas públicas

Los plazos establecidos han originado las críticas de los sindicatos CC OO, UGT, LAB y ELA. "La actitud es de absoluta pasividad. Todas esas empresas están incumpliendo el acuerdo interprofesional, que estableció hace dos años un calendario de comunicación de planes", coincidieron los representantes sindicales. Iñigo Sagarra, responsable de salud laboral en Vizcaya del sindicato ELA, recordó que "muchas" de esas empresas pertenecen al sector público.

Hasta finales de abril pasado, la Inspección de Trabajo de Trabajo de Vizcaya contabilizó 190 empresas que habían presentado los formularios. Las desaparecidas o sin trabajadores, con respecto a datos anteriores, eran 76. Las que tenían menos de 50 trabajadores, y por lo tanto no entran en este grupo de control, son 14. Según los datos proporcionados por la propia Inspección de Vizcaya, tuvo que requerir a 19 empresas el modelo OS-2 [el tipo de informe se denomina así oficialmente]. A finales de abril, la Inspección vizcaína tenía "pendiente de actuación" 37 empresas. Con todos estos datos, levantó 4 actas de infracción "por no haber realizado la evaluación de riesgos".

Después deberá ser la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco la que confirme la propuesta sancionadora. "Las sanciones graves conllevan una multa que oscila entre las 250.000 pesetas y los cinco millones, dependiendo de la falta", explica el portavoz de la Dirección de Trabajo. El pasado año fueron sancionadas más de dos mil empresas por un importe total de 105 millones de pesetas.

"No se comprende cómo después de tantas oportunidades, en la que dicen que es la última, todavía hay que esperar nueve meses para saber qué empresas son las que incumplen", señala Javier Bermejo, responsable de UGT. El responsable de salud en Vizcaya llama la atención sobre el hecho de que "una cosa es comunicar los planes y otra informar realmente de su contenido, del análisis real sobre la prevención de riesgos".

Jesús Uzkudun, de CCOO, incide en que el número de empresas expedientadas va a ser "ridículo" en relación con el dato real. "El tiempo que se toman para resolver y la forma en que lo hacen demuestran la poca voluntad en solucionar el problema de la siniestralidad. Por no hablar de lo irrisorio de las sanciones". Iñigo Sagarra, de ELA, estima que el plan sólo "cubre el expediente" y pide una mayor implicación del Departamento de Trabajo y de las inspecciones de Trabajo. "Hay una indefinición de responsabilidades, un desorden de competencias". Yolanda Esparza, de LAB, coincide con los otros representantes sindicales y señala que las empresas, "en el mejor de los casos, se justifican ante la Administración, pero carecen de planes reales. Las muertes se siguen sucediendo".