Baleares quiere cobrar un euro por turista y día para inversión medioambiental

El Gobierno de las islas Baleares presentará antes de un mes el proyecto de ley de creación de un tributo para gravar, con un máximo de un euro por día, a partir de este año, las vacaciones en el archipiélago de 10 millones de turistas anuales. Esta nueva figura del impuesto turístico regional pretende compensar "el desgaste" de los recursos naturales y los servicios públicos que genera la enorme presión durante las vacaciones.

Ésta es la operación estrella del Ejecutivo autónomo de izquierdas que encabeza el socialista Francesc Antich. Baleares, cuya economía se fundamenta alrededor de...

El Gobierno de las islas Baleares presentará antes de un mes el proyecto de ley de creación de un tributo para gravar, con un máximo de un euro por día, a partir de este año, las vacaciones en el archipiélago de 10 millones de turistas anuales. Esta nueva figura del impuesto turístico regional pretende compensar "el desgaste" de los recursos naturales y los servicios públicos que genera la enorme presión durante las vacaciones.

Ésta es la operación estrella del Ejecutivo autónomo de izquierdas que encabeza el socialista Francesc Antich. Baleares, cuya economía se fundamenta alrededor del turismo, con el 84% del PIB, pretende dotar, con la recaudación del tributo, un fondo especial para la rehabilitación del paisaje, la protección del medio ambiente y la regeneración de zonas turísticas colapsadas.Los principales empresarios hoteleros y la patronal española llevan meses pronunciándose en contra de la iniciativa, aun antes de conocer los detalles del nuevo instrumento fiscal, y advierten de los supuestos efectos disuasorios que puede tener el incremento de costes en el mercado internacional. El Gobierno espera contener el proceso desarrollista del turismo y abrir una vía de oferta diversificada con elementos medioambientales y de más calidad.

La también llamada ecotasa comenzó a plantearse en julio de 1999, con el cambio de mayoría política en Baleares, aunque en la época del Gobierno del PP (1983-1999) se estudió una medida semejante. El impuesto está previsto como una compensación por el desgaste intensivo de los recursos naturales de Baleares debido a la presencia de un turismo masivo, que dispara la población en verano y coloca al límite la prestación de servicios.

El impuesto será cobrado a todos los visitantes -españoles y extranjeros- que contraten estancias en hoteles, apartamentos o viviendas de alquiler. La media de ingresos -impuesto por persona/estancia-, contando las diferentes gradaciones por categorías del establecimiento usado y los periodos de vacaciones, es de unas 1.600 pesetas por ciudadano y una recaudación global que se sitúa entre 10.000 y 15.000 millones de pesetas anuales. La transformación del actual modelo turístico requiere una inversión de unos 100.000 millones, a juicio del consejero de Turismo, Celestí Alomar.

Las opciones manejadas para el establecimiento y cobro del tributo por el Departamento de Turismo, en colaboración con el responsable de Hacienda, Joan Mesquida, prevén la posibilidad de que el complemento se perciba en los billetes de avión, en el recuento en las llegadas a los aeropuertos o mediante el incremento del paquete turístico en origen. Estos métodos de aplicación fueron considerados complejos y se estima difícil la discriminación entre los residentes y quienes viajan estrictamente de vacaciones. Tampoco se descarta el cobro de una tasa a los coches de alquiler.

De manera genérica, el fondo de rehabilitación de zonas turísticas y del medio ambiente fue creado en el Parlamento de Baleares por la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del año 2000 y abrió una vía finalista (el dinero recaudado sólo se puede destinar a un determinado fin) para una financiación complementaria a los recursos actuales. El presupuesto de la comunidad es de 147.688 millones de pesetas, una cifra que no permite las grandes operaciones de derribo de hoteles obsoletos, la compra de fincas naturales y la restauración de áreas de interés degradadas. El presidente Antich espera que el Gobierno central aporte cantidades al fondo finalista.