Desvío

El polémico proyecto del desvío del ferrocarril en Benicàssim ha recibido un nuevo revés. Esta vez, de la Comisión Europea, que ha hecho suya la denuncia de los vecinos contrarios al proyecto. La toma de postura de la autoridad comunitaria supone una desautorización al Gobierno español y, además, pone en peligro la financiación de la obra con fondos europeos, que han sido paralizados mientras Fomento hace sus alegaciones. Este caso es un ejemplo de cómo actúan a veces las administraciones con tal de llevar adelante algunos proyectos, incluso en contra de los intereses de la población implicada...

El polémico proyecto del desvío del ferrocarril en Benicàssim ha recibido un nuevo revés. Esta vez, de la Comisión Europea, que ha hecho suya la denuncia de los vecinos contrarios al proyecto. La toma de postura de la autoridad comunitaria supone una desautorización al Gobierno español y, además, pone en peligro la financiación de la obra con fondos europeos, que han sido paralizados mientras Fomento hace sus alegaciones. Este caso es un ejemplo de cómo actúan a veces las administraciones con tal de llevar adelante algunos proyectos, incluso en contra de los intereses de la población implicada. Porque inicialmente el desvío sólo afectaba al norte del término de Benicàssim, esto es, no liberaba el casco urbano de la servidumbre del trazado ferroviario que lo atraviesa. Este argumento sólo fue utilizado a posteriori para justificar el traslado de las vías -y, no se olvide, también de la estación-, eso sí, tras descartar el enterramiento. Y es que ese argumento escondía otros intereses, especulativos: los de significados propietarios de terrenos lindantes con el trazado actual que con el desvío adquieren inmensas posibilidades urbanizadoras. Un apetitoso pastel que se comen unos pocos. Los intereses de esos propietarios pueden ser legítimos, aunque el hecho de que algunos formaran parte del Ayuntamiento en el momento de aprobar el proyecto y que varios continúen en la actualidad -en más de un caso tras cambiar de chaqueta política con tal de seguir defendiendo lo suyo- no es precisamente un ejemplo. Lo que ya no está tan claro es que, con el apoyo de instancias políticas intermedias, la Administración central haga suyos esos intereses, como parece haber sucedido en este caso, aun a costa de incumplir las leyes. Porque la legalidad de las obras ha sido cuestionada desde el principio, como prueban las dos órdenes de paralización dictadas por los jueces. A éstas se suma ahora la reciente decisión de la Comisión Europea de pedir explicaciones a Fomento, tanto por la falta del preceptivo informe de impacto ambiental como por la entrada de las máquinas, por la fuerza y con la intervención de la Guardia Civil, en los terrenos afectados por el nuevo trazado. Alguien, y no sólo Fomento, tendrá que dar explicaciones.