Dudas, desconcierto y alivio entre el público
Unos 25 cooperativistas se volvieron a acercar ayer a la Audiencia Nacional para seguir el juicio del caso PSV. Con menos nervios que el lunes, el primer día de la vista, comentaban las noticias publicadas por los periódicos en medio de magistrados con togas, imputados y periodistas. Hacia las 10.45, los guardias de seguridad abrieron las puertas de la sala y se produjo una reacción común: los querellantes presentes, en su mayoría pensionistas, permanecieron a la expectativa pese a lucir sus acreditaciones. No sabían si podrían entrar o no, ya que el día anterior el presidente del tribunal, Si...
Unos 25 cooperativistas se volvieron a acercar ayer a la Audiencia Nacional para seguir el juicio del caso PSV. Con menos nervios que el lunes, el primer día de la vista, comentaban las noticias publicadas por los periódicos en medio de magistrados con togas, imputados y periodistas. Hacia las 10.45, los guardias de seguridad abrieron las puertas de la sala y se produjo una reacción común: los querellantes presentes, en su mayoría pensionistas, permanecieron a la expectativa pese a lucir sus acreditaciones. No sabían si podrían entrar o no, ya que el día anterior el presidente del tribunal, Siro García, les había expulsado tras levantarse un murmullo general de invectivas contra Miguel Bajo, el defensor del principal procesado, Carlos Sotos, ex edil del Ayuntamiento de Madrid y ex director de la PSV.
Uno de los guardias se acercó a ellos: "¿No van a entrar ustedes?". Se miraron y, disimulando sus dudas, entraron sin rechistar, aliviados y haciendo gestos de guardar silencio. No tuvieron que contenerse mucho porque la sesión apenas duró dos horas.
Encarecimiento del suelo
A la salida, todos coincidían en "la buena intervención" del defensor de los cooperativistas del polígono madrileño de Valdebernardo, Joaquín Ruiz Giménez, quien insistió en su derecho a ser indemnizados por sus "años de sufrimientos de toda índole".
Tampoco pudieron evitar referirse a su situación actual, ya que ha sido una de las cuestiones previas planteadas por los defensores, que consideran que el juicio ya no tiene sentido porque los afectados disponen ya de sus viviendas.
"Ahora tenemos nuestras casas, que, por supuesto, hemos tenido que arreglar porque su terminación era pésima, y todavía se atreven a decir que hemos hecho negocio porque ahora valen mucho más que antes. ¿Es que también tenemos la culpa del encarecimiento del suelo?", se preguntaban.