El Ararteko reclama más medios a Educación para apoyar a los menores infractores sin estudios
El Ararteko ha urgido al Departamento de Educación a destinar más medios materiales y humanos a la atención de los menores infractores. Según Xabier Markiegi, la falta de recursos puede agravar la situación de estos adolescentes, que han fracasado en sus estudios y se van quedando sin salidas. El Ararteko recuerda que el departamento es el que tiene que articular las respuestas más adecuadas a una situación de necesidades educativas especiales, al igual que ocurre con otras situaciones temporales (hospitalización, atención domiciliaria), que también exigen respuestas específicas.
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El Ararteko ha urgido al Departamento de Educación a destinar más medios materiales y humanos a la atención de los menores infractores. Según Xabier Markiegi, la falta de recursos puede agravar la situación de estos adolescentes, que han fracasado en sus estudios y se van quedando sin salidas. El Ararteko recuerda que el departamento es el que tiene que articular las respuestas más adecuadas a una situación de necesidades educativas especiales, al igual que ocurre con otras situaciones temporales (hospitalización, atención domiciliaria), que también exigen respuestas específicas.
Esta petición figura recogida en el informe del Ararteko correspondiente a 1999, que entregó al Parlamento el pasado jueves. Markiegi realizó durante el año pasado un seguimiento de las recomendaciones que había realizado un año antes a los departamentos de Justicia y Educación, con motivo de la elaboración del informe monográfico Intervención con menores infractores. En el trabajo de 1999 reconoce que "buena parte" de los consejos han sido "cumplimentados", lo que le permite valorar los pasos dados. Sin embargo, hay algunos aspectos que aún presentan lagunas, como es el caso del apoyo educativo.El Ararteko destaca las dificultades que existen para la correcta escolarización de los adolescentes infractores. A pesar de la experiencia de fracaso y de la escasa motivación respecto a la educación formal, Markiegi incide en que hay que intentar en todos los casos "dar alguna continuidad al proceso de escolarización: con el apoyo escolar y edcucativo en los centros de internamiento, con el aprovechamiento de las posibilidades educativas de centros cercanos (especialmente, centros de iniciación profesional), con la relación con los colegios donde anteriormente estaban escolarizados o matriculados".
En opinión de los profesionales de los tres centros de internamiento que actualmente funcionan en Euskadi (en Andollu, Aramaiona y Ortuella), la reforma educativa "no ha supuesto ninguna mejora en la respuesta escolar a estos adolescentes". Al contrario, las posibilidades reales de ofrecerles una respuesta adecuada se han reducido y el sistema educativo es, en bastantes ocasiones, reacio a recogerles. El informe destaca que es un tramo de edad (14 a 16 años) que corresponde plenamente a la educación obligatoria y que, por tanto, es competencia de Educación.
En esta línea, el Departamento de Justicia -consejería que ejecuta las medidas dictadas por los jueces de Menores-, apunta que existe una "gran dificultad" de encaje en los actuales servicios educativos de chicos y chicas que llevan tiempo fuera del sistema y que tienen dificultades para adaptarse a su funcionamiento. Así, reconoce que no existe un mecanismo diseñado para responder a la obligación y necesidad de escolarización de muchos chicos y chicas. "El camino actual", añade en un informe remitido al Ararteko, "es el de negociación y respuesta, caso por caso, dependiendo más del talante personal de los tutores y director, que de factores más objetivos".
Según Justicia, sería necesaria una mayor flexibilidad del sistema para acoger a estas personas que pueden sufrir retraso escolar, problemas con las normas, falta de hábitos y de habilidades y brindarles programas en los que puedan participar realmente. En el caso de los centros de internamiento, concluye, el informe de Justicia, debería ser el propio personal de Educación el responsable de las aulas de los mismos, "dado que se trata de un derecho legalmente reconocido y que en la actualidad no está garantizado por ese Departamento (Educación)".