El socio de la esposa de Aycart fue destituido en la asociación de su sector
Juan Pedro Díaz Cidoncha, administrador de la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial (CPD) fue obligado a dimitir "de forma fulminante" del cargo de secretario general y gerente de la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED) tras una investigación realizada a finales de los años ochenta en la que se demostró que Cidoncha compatibilizó durante años su cargo de gerente y sus intereses en CPD, algo expresamente prohibido por los estatutos de la asociación. CPD es propiedad al 50% de la esposa de Díaz Cidoncha y de la mujer del ex director general de Migraciones ...
Juan Pedro Díaz Cidoncha, administrador de la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial (CPD) fue obligado a dimitir "de forma fulminante" del cargo de secretario general y gerente de la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED) tras una investigación realizada a finales de los años ochenta en la que se demostró que Cidoncha compatibilizó durante años su cargo de gerente y sus intereses en CPD, algo expresamente prohibido por los estatutos de la asociación. CPD es propiedad al 50% de la esposa de Díaz Cidoncha y de la mujer del ex director general de Migraciones Juan Francisco Aycart. Esta empresa, que manejó más de 2.000 millones de pesetas en subvenciones del Inem, fue el origen de la dimisión del ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel.Según fuentes autorizadas de ANCED, que agrupa a más de 80 empresas que se dedican a impartir cursos de formación a distancia, Cidoncha negó siempre los rumores que en el seno de la asociación le atribuían intereses en el sector. Este periódico intentó ayer contrastar esta información con el propio Cidoncha, sin conseguirlo. Desde las empresas que forman parte de la asociación se advirtió en octubre de 1999 al secretario general de Empleo, Juan Chozas, que la empresa CPD, que obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones principalmente del Inem entre los años 1995 y 1999, mantenía relaciones de privilegio con Trabajo.
Chozas, en declaraciones a la Cadena SER, negó estar al tanto de esas relaciones y justificó la publicidad que insertó la empresa CPD en varios medios dando cuenta de que había firmado un convenio de colaboración con el Ministerio al margen de Plan Nacional de Acción para el Empleo firmado con ANCED en que CPD no formaba parte de la citada asociación y era, además, entidad colaboradora del Inem.
Los socios de CPD, según la documentación que obra en poder del Ministerio de Trabajo, se repartieron 142 millones de pesetas brutos en dividendos desde el año 1996 hasta 1999.
Además de en CPD, Juan Pedro Díaz Cidoncha, Juan Francisco Aycart y la esposa de éste, Carmen Pérez, participan en la sociedad Valparaíso Reprografía y Diseño Gráfico.
Otras empresas vinculadas con Díaz Cidoncha son Politécnica de Formación 2000, Corporación Euroamericana de Consultoría y Formación (hasta 1997), Cidoncha Consultores y Promociones y Servicios Educativos Kendhall.
Aycart, testigo
Por otra parte, el ex responsable de Migraciones del Ministerio de Trabajo Juan Francisco Aycart fue llamado a declarar, en calidad de testigo, el pasado 24 de marzo de 1999, por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en el caso que se siguió contra cinco antiguos altos cargos de la patronal valenciana por un posible fraude cometido en el uso de los fondos de formación entre los años 1993 y 1995.
Aycart compareció como testido al haber sido director gerente de la Fundación para la Formación Continua (Forcem). Su testimonio no sirvió para aclarar el caso, ya que manifestó desconocer cualquier posible irregularidad en el manejo de dichos fondos.
En el caso, paralizado desde el verano pero aún no resuelto, el titular del juzgado número 9 de Valencia imputó, entre otros, al ex secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Luis Espinosa. La investigación trata de aclarar si, como denunció en su día el Tribunal de Cuentas, las patronales valencianas duplicaron o inventaron facturas, hincharon el coste o cobraron cursos de formación inexistentes. El total de la cantidad investigada -reclamada por el Estado y por la Generalitat Valenciana- asciende a unos 500 millones.
EL PAÍS mantuvo una conversación telefónica el martes con la esposa de Juan Aycart, Carmen Pérez, en la que ésta se limitó a señalar que "cuando sea oportuno", enviará un comunicado a todos los medios para aclarar la polémica suscitada en torno a la figura del ex director de Migraciones.
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