Prestidigitadores

Cuando en noviembre de 1998 estaba en juego su viaje al centro político, el Gobierno de José María Aznar cursó en días la petición de extradición del general Augusto Pinochet a Londres. El argumento que ofreció al Gobierno de Eduardo Frei es que por imperativo legal no podía ser otra cosa que el buzón del juez Baltasar Garzón.En el mes de junio pasado, en Río de Janeiro, el ministro Abel Matutes, y el presidente José María Aznar, anunciaron que "aceptarían" la libertad de Pinochet por "razones humanitarias". Porque, dijeron, ésa era una decisión política, "discrecional" del ministro del Interi...

Cuando en noviembre de 1998 estaba en juego su viaje al centro político, el Gobierno de José María Aznar cursó en días la petición de extradición del general Augusto Pinochet a Londres. El argumento que ofreció al Gobierno de Eduardo Frei es que por imperativo legal no podía ser otra cosa que el buzón del juez Baltasar Garzón.En el mes de junio pasado, en Río de Janeiro, el ministro Abel Matutes, y el presidente José María Aznar, anunciaron que "aceptarían" la libertad de Pinochet por "razones humanitarias". Porque, dijeron, ésa era una decisión política, "discrecional" del ministro del Interior británico. Aznar y Matutes respetaban, dijeron, la acción de la Justicia, sólo que si el ministro Jack Straw cambiaba de sombrero y adoptaba una decisión política, ya no cabía respetar nada.

Ahora que Straw dice lo que ya se sabía, esto es, que su decisión de liberar a Pinochet es un acto dentro del procedimiento de Extradición (es decir, un acto "casi judicial"), y que, por tanto, está sujeto a recurso de revisión judicial, el ministro español de Asuntos Exteriores insiste en que, si se libera a Pinochet, no debe recurrirse la decisión, entre otras cosas porque se lo ha prometido a su colega Juan Gabriel Valdés, que suele protestar mucho. El término fijo de esta suma algebraica es evidente: la política; y el variable, la justicia. Matutes y Aznar tienen, según ya admiten, sus compromisos políticos. Y si ya la decisión de Straw no es política y se sitúa a merced de un recurso judicial, pues mala suerte. No se recurre.