Dieciséis años después
Las televisiones divulgan profusamente estos últimos días la celebración del juicio por el caso Lasa-Zabala y las circunstancias que, según la calificación del ministerio fiscal, concurrieron en el mismo.Junto con el ineludible deber de informar al respecto, por parte de los medios de comunicación, no faltan quienes aprovechan la oportunidad para bucear en un pasado que poder echar en cara a sus adversarios políticos, pareciendo recrearse en éste para de esa forma tratar de ocultar sus fracasos actuales y su falta de iniciativas de futuro.
Quienes inicialmente consideraron la declaració...
Las televisiones divulgan profusamente estos últimos días la celebración del juicio por el caso Lasa-Zabala y las circunstancias que, según la calificación del ministerio fiscal, concurrieron en el mismo.Junto con el ineludible deber de informar al respecto, por parte de los medios de comunicación, no faltan quienes aprovechan la oportunidad para bucear en un pasado que poder echar en cara a sus adversarios políticos, pareciendo recrearse en éste para de esa forma tratar de ocultar sus fracasos actuales y su falta de iniciativas de futuro.
Quienes inicialmente consideraron la declaración de tregua de ETA como un éxito político propio, no habiendo conducido posteriormente con audacia el proceso abierto durante los últimos 14 meses, parecen querer ocultar, con el realce del juicio citado, la preocupante situación actual del País Vasco, con un presente en el que la única iniciativa que parece tomarse es la permanente descalificación a los nacionalistas, con olvido de que sólo desde el diálogo y la concurrencia de esfuerzos y aportaciones podrá avanzarse en la resolución de los problemas.
Ninguna duda cabe de que el asesinato de Lasa y Zabala fue un crimen execrable que únicamente puede producir repugnancia, y ha de decirse con toda claridad, para que no haya dudas al respecto, que cuando se supo la identidad de los fallecidos se ordenó una investigación detallada de lo realmente ocurrido a los efectos de que quienes hubieran sido autores de tan criminal actuación fueran puestos a disposición de la justicia como el normal funcionamiento del Estado de derecho exige.
Desde la legitimidad moral que da haber dirigido las investigaciones que permitirán el trabajo de los jueces, aportándoles los elementos necesarios al efecto, deben rechazarse las posturas de quienes pretenden dar lecciones de ética sobre cómo se desarrolló en años pasados la lucha antiterrorista.
Si hubo excesos o conductas reprobables, ahí están los tribunales para dilucidar responsabilidades, pero no es admisible que se haga una generalización, con una descalificación de los predecesores, olvidando, mientras enfáticamente se dice que no caben atajos en la lucha contra el terrorismo, otras actuaciones como las supuestas escuchas del Cesid en la sede de Herri Batasuna.
Es igualmente injusto que quieran capitalizarse los éxitos en la lucha antiterrorista, obviando el trabajo serio y callado de quienes materialmente lo ejecutan y, sobre todo, prescindiendo de la necesaria generosidad para reconocer que muchos éxitos de hoy son consecuencia de un trabajo del pasado que permanentemente parece cuestionarse.
Es verdad que se equivocan aquellos responsables políticos que, habiendo ostentado trascendentes responsabilidades en el área de la seguridad del Estado, apelan a la solidaridad de sus compañeros o se presentan a sí mismos como víctimas propiciatorias; el desempeño de cualquier cargo público tiene carácter voluntario y sólo encuentra su razón de ser cuando con su ejercicio se da cumplimiento a lo que los ciudadanos exigen y creen justo.
Pero también se equivocan los que pretenden suplir su falta de iniciativa ante los problemas rebuscando en hechos del pasado, por más lamentables que éstos sean, para exhibirlos ante la opinion pública, tratando de culpabilizar sistemática e injustamente al oponente, pensando así obtener rentabilidad en próximas contiendas electorales.
Cualquier demócrata, y los primeros quienes en su día dirigimos las investigaciones, queremos que se haga justicia cuanto antes en el caso Lasa-Zabala, que, por lo demás, será enjuiciado por un tribunal justo, profesional y competente.
Pero lo acaecido hace 16 años, ejemplo de lo que nunca debe volver a ocurrir, no debe servir en modo alguno para aferrarse al pasado tratando con ello de ocultar esa falta de iniciativa que ha llevado, entre otros asuntos, a la paralizacion del proceso de paz.
Ésta es ahora la gran asignatura pendiente, ante la que nada parece estarse haciendo. Dejemos a los tribunales trabajar sin presiones. Pero, por favor, que el pasado no sirva de injusta arma arrojadiza ni justifique la inactividad presente.
Margarita Robles es magistrada de la Audiencia Nacional y ex secretaria de Estado de Interior.