La oposición resalta su victoria frente a la ley del Gobierno "contra los derechos humanos"

Los grupos políticos que ayer derrotaron al Gobierno en su pretensión de cambiar la Ley de Extranjería no ocultaron su alegría por haber logrado que muchos inmigrantes puedan tener en breve categoría de ciudadanos, según expresión del diputado de IU Pablo Castellano. Tanto este parlamentario como el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, calificaron el proyecto del Ejecutivo de atentatorio "contra los derechos humanos". Los grupos que han dado este varapalo al Ejecutivo quieren ahora más, por lo que el siguiente objetivo, expresado por Matilde Fernández, del PSOE, es que el reglamento q...

Los grupos políticos que ayer derrotaron al Gobierno en su pretensión de cambiar la Ley de Extranjería no ocultaron su alegría por haber logrado que muchos inmigrantes puedan tener en breve categoría de ciudadanos, según expresión del diputado de IU Pablo Castellano. Tanto este parlamentario como el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, calificaron el proyecto del Ejecutivo de atentatorio "contra los derechos humanos". Los grupos que han dado este varapalo al Ejecutivo quieren ahora más, por lo que el siguiente objetivo, expresado por Matilde Fernández, del PSOE, es que el reglamento que desarrolle la ley permita que los inmigrantes reciban un visado para moverse sin restricciones por la Unión Europea.

El PSOE quiere que ese reglamento sea pactado entre todas las fuerzas políticas, como lo fue la ley aceptada ayer antes de que interviniera el poder Ejecutivo. PSOE, IU, CiU, PNV, Coalición Canaria (CC) y Grupo Mixto consideraron así que la derrota del Gobierno ha supuesto una victoria del Parlamento.El Gobierno y el PP trataban de sobreponerse al varapalo sufrido al no ver cumplidos sus planes de cambio en la Ley de Extranjería. El disgusto se lo deparó el último día de esta legislatura, hecho que la oposición aprovechó, sobre todo el PSOE, para dar la impresión de que esta victoria era un síntoma de lo que podía pasar en las próximas elecciones generales.

El Ejecutivo y el PP se movilizaron para intentar desmontar esa imagen de fracaso con un pormenorizado recordatorio de los datos del balance final de la legislatura en todo tipo de apartados. Y surgieron en tromba tanto el propio portavoz del Gobierno, Josep Piqué, como los vicepresidentes Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato; el jefe de la campaña electoral de Aznar, Mariano Rajoy y el portavoz parlamentario, Luis de Grandes.

"Panoplia" de logros

Todos expusieron una "panoplia" de logros políticos y victorias legislativas del PP para demostrar que lo de ayer apenas era una anécdota excepcional entre el cúmulo de éxitos de la legislatura. Tras el anuncio de los populares de que cambiarán la ley si ganan las elecciones, Rajoy aventuró que entonces todos los grupos que han boicoteado ahora las reformas del Senado respaldarán las modificaciones de la ley, incluso el PSOE.

Cascos fue el que menos trascendencia quiso imprimir a esta simbólica derrota. La enmarcó como algo menor en el resultado global de votaciones de toda la legislatura y no quiso enjuiciar la labor de sus socios nacionalistas.

La socialista Matilde Fernández, que con la defensa de la Ley de Extranjería se despedía del Parlamento para dedicarse plenamente a su tarea de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, aseguró que el Gobierno considera a los inmigrantes "mano de obra barata" y no "seres humanos con derechos" mientras que defiende a directivos, por ejemplo de Telefónica, y a sus opciones sobre acciones. "Todos debían votar esta ley en recuerdo de todos los españoles que tuvieron que emigrar", dijo.

Otro parlamentario veterano, Pablo Castellano, de IU, pronunció ayer su último discurso en la Cámara al abandonar también voluntariamente el Parlamento. "Es un honor que mi despedida sea con la defensa de los derechos de los inmigrantes", dijo Castellano, para quien la actitud del Gobierno al rebajar el alcance de la ley suponía que no estaba dispuesto a "fortalecer el Estado de Derecho, como cuando pretendía eliminar la obligación de las Administraciones públicas de vigilar las condiciones de vivienda e higiene de los inmigrantes".

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, reconoció que el ambiente era de "perplejidad" pero que el Gobierno no les podía exigir más de lo que habían hecho. Mostró su enfado por la tramitación, que calificó de esperpéntica e ironizó respecto al proyecto redactado y acordado por todos los grupos en el Congreso y que resultó ser "virtual", en referencia a que llegó el Gobierno y lo cambió. Los nacionalistas catalanes habían puesto toda la carne en el asador para encontrar el consenso y en ese punto se quedan.

Apelaciones al consenso y a los derechos humanos fueron los argumentos del portavoz de CC, Luis Mardones, para quien atender todos los deseos del Gobierno hubiera supuesto "encallecer el alma y el espíritu".

Margarita Uría, del PNV, consideró escasamente presentable que un partido, el PP, quiera con una ley "fortaleza" apropiarse de banderas sociales de la izquierda. Mercè Rivadulla, de Iniciativa per Catalunya, y Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, utilizaron distintos argumentos para defender el texto aprobado y no el que pretendía el Ejecutivo. Diego López Garrido, de Nueva Izquierda, resaltó el triunfo del Parlamento frente al "racismo institucional".