Un argumento para Kafka

Si Frank Kafka no hubiera escrito El proceso hace tres cuartos de siglo se podría suponer que se había inspirado en el caso del madrileño Isidro Rodríguez para escribir su famosa novela. Lo que le sucede ahora a este jubilado es similar a lo que le ocurría a Joseph K., el modesto empleado de banca que se ve atrapado en un absurdo proceso en el que le resulta difícil probar su inocencia, de tal forma que hasta él mismo duda de si no será culpable.Por fortuna, el laberinto que afronta Rodríguez desde hace años no es tan trágico como el del personaje ideado por el genial novelista checo, aunque t...

Si Frank Kafka no hubiera escrito El proceso hace tres cuartos de siglo se podría suponer que se había inspirado en el caso del madrileño Isidro Rodríguez para escribir su famosa novela. Lo que le sucede ahora a este jubilado es similar a lo que le ocurría a Joseph K., el modesto empleado de banca que se ve atrapado en un absurdo proceso en el que le resulta difícil probar su inocencia, de tal forma que hasta él mismo duda de si no será culpable.Por fortuna, el laberinto que afronta Rodríguez desde hace años no es tan trágico como el del personaje ideado por el genial novelista checo, aunque tienen aspectos comunes.

En diciembre de 1989, el Ayuntamiento decidió expropiar, para una reforma urbanística, una finca de Carabanchel propiedad de Rodríguez, un jubilado que entonces contaba 70 años. Un año después se efectuó la transacción. El municipio pagó dos millones por el terreno y Rodríguez pensó que se olvidaba de ese suelo para siempre. No ha sido así: durante 1993, 1994 y 1995, el área de Hacienda le reclamó el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por esa finca, que no sólo no era ya suya, sino que pertenecía al propio municipio.

La última noticia le ha llegado a este ciudadano hace pocos días por medio de Caja Madrid: esta entidad informaba al jubilado de que el Ayuntamiento le acababa de embargar 32.300 pesetas de su cuenta por impago de impuestos. De nada le había servido, pues, una larga batalla burocrática de más de dos años.

En diciembre de 1997, Isidro Rodríguez se enteró, por medio de una notificación oficial, de que el Ayuntamiento le reclamaba 236.000 pesetas por el impago (y los intereses) del impuesto de carruajes de la finca expropiada de Carabanchel desde 1993 y, además, otras 32.000 pesetas por el impago del IBI desde ese mismo año.

Rodríguez se quedó estupefacto. "Claro, a mi padre le habían expropiado la finca objeto de los impuestos, y precisamente el Ayuntamiento. ¿Cómo va a tener que pagar el impuesto de paso de carruajes si ya no tiene nada ahí? ¿Cómo iba a pagar el IBI de un solar que ya no le pertenecía?", se preguntaba el pasado viernes el hijo de Isidro, Juan Carlos Rodríguez.

El jubilado comenzó a pleitear. Se dirigió a la Gerencia Territorial del Catastro, para anular los impuestos del IBI, y a la Junta Municipal de Carabanchel, para anular los de carruajes. En junio del presente año, los Rodríguez recibieron, al fin, la primera buena noticia: la Junta Municipal de Carabanchel le daba la razón y anulaba la petición de las 236.000 pesetas. "Reconocieron que había sido un error suyo, lo pusieron por escrito, y ya está", relata el hijo.

La familia pensó entonces que el peloteo burocrático había acabado. Pero no. El 18 de noviembre pasado, Caja Madrid escribió de nuevo a Rodríguez informándole de que el Ayuntamiento estaba a punto de embargarle las 32.000 pesetas del IBI no satisfecho.

Juan Carlos, a modo de moderno Joseph K., se tomó el asunto como un caso personal. Armado de toda la documentación acudió el 23 de noviembre a la Junta Municipal de Carabanchel, cuyos funcionarios le mandaron a la Delegación de Hacienda, en la calle de Sacramento. Pero tampoco éste era el final del kafkiano periplo: de la calle de Sacramento le enviaron a las oficinas de ERESA, la empresa municipal que gestiona el pago de impuestos, situada en la calle de Raimundo Fernández Villaverde. De ahí le remitieron, otra vez, a la Gerencia Territorial del Catastro.

El pasado 24 de noviembre, Juan Carlos acude a este lugar dispuesto a solucionar de una vez por todas el embrollo. Tras dos horas de espera, un funcionario parece darse cuenta del error, le asegura que se va a anular la orden de embargo... y que todo se va a arreglar.

Sin embargo, dos días después, el jubilado comprueba que de su libreta de ahorros faltan 32.000 pesetas. ¿Por qué? Porque el banco había cursado la orden de embargo. Juan Carlos Rodríguez llama al Ayuntamiento y ahí le repiten que vuelve a tener razón, pero que, como el municipio no tiene el dinero todavía porque el banco no lo manda hasta el día 16 de enero, no pueden devolvérselo. "Me dijeron que el dinero estaba en la banda magnética del ordenador del banco, es decir, que el banco lo había cobrado, pero que no lo tenía porque lo había mandado al Ayuntamiento, pero que el Ayuntamiento todavía no lo había recibido. En fin, un desastre. !Ah¡, por cierto: en la finca de Carabanchel, el Ayuntamiento no ha hecho nada. Sigue siendo un solar". Si Kafka viviera...