El plan de regulación de empleo de Telefónica costará al Estado 185.000 millones en 13 años
La supresión de 10.849 empleos, el 21% de la plantilla de Telefónica, entre 1999 y el 2000 supondrá un ahorro para la compañía de 150.000 millones de pesetas en ocho años. En total, y en los próximos 13 años, el plan supone un coste para el Estado de 185.150 millones de pesetas. Así consta en el informe confidencial adjunto al expediente de regulación en Telefónica que aprobó el Ministerio de Trabajo en agosto. Los técnicos del ministerio advertían del "daño al presupuesto de la Seguridad Social e Inem en cuanto financian los costes ahorrados por la empresa", pero finalmente aprobaron el exped...
La supresión de 10.849 empleos, el 21% de la plantilla de Telefónica, entre 1999 y el 2000 supondrá un ahorro para la compañía de 150.000 millones de pesetas en ocho años. En total, y en los próximos 13 años, el plan supone un coste para el Estado de 185.150 millones de pesetas. Así consta en el informe confidencial adjunto al expediente de regulación en Telefónica que aprobó el Ministerio de Trabajo en agosto. Los técnicos del ministerio advertían del "daño al presupuesto de la Seguridad Social e Inem en cuanto financian los costes ahorrados por la empresa", pero finalmente aprobaron el expediente.
El informe técnico del ministerio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica de España, la filial del Grupo Telefónica para telefonía fija, encuentra pocas justificaciones para que la primera empresa española por valor en Bolsa (más de 12 billones de pesetas) y resultados (270.000 millones en 1998) reduzca empleo de esa forma y considera "discriminatorio" establecer la edad (a partir de 52 años) como "criterio predominante" para seleccionar a los afectados.El ajuste, acordado con los sindicatos UGT, CCOO y UTS, afectará en dos años a 10.849 trabajadores con 52 años o más sobre una plantilla total de 51.685 empleados, según la información facilitada por Telefónica a Trabajo. De acuerdo con esas cifras, los técnicos del ministerio estiman que Telefónica se ahorrará 67.767 millones de pesetas en dos años y hasta 150.000 millones de pesetas en los próximos ocho años.
El documento afirma que "el daño sería al presupuesto de la Seguridad Social e Inem [Instituto nacional de Empleo] en cuanto financian los costes ahorrados por la empresa, además del daño que supone la rebaja de ingresos a la Seguridad Social cada año por la extinción de contratos".
Esa inactividad supone unos 11.750 millones de pesetas menos por año para la Seguridad Social. Como Telefónica está ofreciendo el retiro a los 52 años, los técnicos del ministerio estiman que el Estado deja de percibir contribuciones por cada trabajador durante 13 años (hasta los 65 años, edad legal de jubilación), lo que supone que las arcas de la Seguridad Social dejan de ingresar un total de 152.750 millones de pesetas. A esa cifra añaden otros 32.400 millones de pesetas, equivalentes al seguro de desempleo medio mensual (135.000 pesetas) que pagará el Estado durante dos años a los más de 10.000 trabajadores afectados por el ajuste en Telefónica. Según fuentes de Trabajo, el precio total del ajuste en la primera empresa del país, sumando estas dos cifras, supone un coste total para el Estado de 185.150 millones.
Criterio discriminatorio
Esta forma de afrontar el plan de regulación de empleo contrasta con el utilizado por la banca, que lo hace directamente contra reservas. En los últimos años, la banca española ha gastado 300.000 millones en prejubilaciones.
El documento del ministerio afirma que "no se especifica suficientemente en la memoria [presentada por la compañía] qué cambios se están produciendo en 1999 que justifiquen el salto cualitativo que supone plantear un expediente de regulación de empleo" y recuerda que la plantilla de Telefónica de España se ha reducido ya en 15.569 trabajadores desde 1996, cuando alcanzaba los 67.217 empleados.
Además, añade que Telefónica se ha volcado en reducir la plantilla de trabajadores entre 52 y 55 años de edad, que totalizaban 7.806 empleados (un 72% del total de los afectados por el ajuste) en julio pasado, y especialmente en los de 52 años (4.400, un 41% del total), sin especificar suficientemente las categorías afectadas.
El informe advierte de que "el despido colectivo es una medida extrema" sólo utilizable cuando la superación de una situación económica negativa o la viabilidad de la empresa no se pueden alcanzar por otros medios, pero concluye que "la legalidad actualmente vigente no impide la fórmula propuesta por la empresa" para llevar a cabo sus planes. A partir de la aprobación de este plan, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, empezó a pronunciarse en contra de las prejubilaciones en empresas con grandes beneficios.
Telefónica justificó el ajuste en la necesidad de adecuarse a la competencia. Para los técnicos de Trabajo, "hay que aclarar que las causas [del expediente] no son económicas; los beneficios de Telefónica no han dejado de crecer desde 1996, y ni siquiera la leve reducción de las ventas hace previsible un descenso importante de los mismos en los años próximos".
En sus conclusiones, los técnicos subrayan que el informe ha sido pactado con los sindicatos -"sin que exista razón ni indicios para poner en duda la buena fe de las partes"- y el carácter de voluntario de las bajas previstas en el plan. Recuerdan, no obstante, que correspondería al órgano gestor de las prestaciones públicas que conlleva el ajuste (Seguridad Social e Inem) decir la última palabra. Aunque el informe de los técnicos de Trabajo no ha sido revisado ni corregido con posterioridad a su redacción, Telefónica suprimió la referencia a la edad de los afectados para obtener el visto bueno de Trabajo en agosto pasado.
La oferta de retiro de Telefónica está ahora abierta a "todos los trabajadores de la compañía, con independencia de su edad, con la firme decisión de evitar toda medida discrimiantoria", según el acuerdo firmado por la empresa y los sindicatos.
No obstante, la compañía ha establecido algunos mecanismos dirigidos expresamente a fomentar las prejubilaciones de trabajadores con 52 años, que dispusieron sólo hasta el 30 de septiembre para aceptar las condiciones del ERE. Los nacidos en 1948 tiene hasta el 30 de marzo del 2000 para dejar la empresa, según las condiciones del ERE. Según fuentes sindicales, este año dejarán la empresa unos 5.600 empleados.