El 75% de los discapacitados andaluces está en paro y más de 600.000 podrían desempeñar un trabajo

En Andalucía, un 18% de la población tiene algún tipo de discapacidad; en total son 1.123.781 personas con minusvalías. Pero el problema se agrava cuando se descubre que hasta un 75%, de los 607.434 que podrían trabajar, está en paro. Esta es su primera reivindicación: tener un empleo. Por ello, demandan un mayor esfuerzo en formación para insertarse al mercado laboral. La segunda petición es disponer de más recursos económicos para poder integrarse en la sociedad. Para lograrlo, la solución que proponen es muy sencilla: crear una Lotería Autonómica con fines sociales.

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En Andalucía, un 18% de la población tiene algún tipo de discapacidad; en total son 1.123.781 personas con minusvalías. Pero el problema se agrava cuando se descubre que hasta un 75%, de los 607.434 que podrían trabajar, está en paro. Esta es su primera reivindicación: tener un empleo. Por ello, demandan un mayor esfuerzo en formación para insertarse al mercado laboral. La segunda petición es disponer de más recursos económicos para poder integrarse en la sociedad. Para lograrlo, la solución que proponen es muy sencilla: crear una Lotería Autonómica con fines sociales.

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En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA) ha elaborado un informe en el que hace una radiografía de la situación del colectivo en la región. Gracias a los datos aportados por el Estudio sobre la situación y problemas de personas con discapacidad en Andalucía, realizado por el Instituto de Marketing y Comunicación, en el que han participado 128 asociaciones, la sociedad andaluza podrá enterarse de la queja más comúnmente repetida entre las personas que sufren alguna discapacidad: las barreras arquitectónicas. Según FAMA, estos obstáculos sembrados por la calle y en los edificios les impiden, en muchos casos, llevar una vida normal y en libertad.La falta de formación del colectivo es otra de sus preocupaciones porque, con frecuencia, ésta es la causa que les imposibilita para una inserción laboral. En el estudio, un 40% de los encuestados reconoce que la falta de formación es una de las razones que más incide en su marginación. De ahí la "discriminación social", que al menos un 35% cree sufrir.

La imposibilidad de obtener recursos, tanto en el ámbito personal como asociativo, agrava aún más su ya de por sí difícil situación. La vía de la subvención es, prácticamente, la única que tienen para poder desarrollar sus actividades. La Junta aporta el 34% de las subvenciones que reciben; otro 10% procede de los ayuntamientos y un 2,6% de las Diputaciones. Las cuotas que pagan representan hasta un 22% del total; el resto son donaciones y recursos captados vía convenios puntuales con empresas y otros organismos institucionales.

FAMA considera necesario acometer a corto plazo el problema del paro entre los minusválidos; no sólo por los recursos económicos "que les vienen muy bien para solventar su precariedad", sino, también, "por todo lo positivo que resulta para muchas de estas personas sentirse útiles a la sociedad". Para esta federación "es imprescindible que iniciativa privada y Administración conjuguen esfuerzos". José Sánchez, su presidente, entiende que "urge la plena normalización socio-laboral de los discapacitados andaluces".

Después de aprobarse la Ley de Atención a Personas con Discapacidad (10 de marzo de 1999) que ha servido, sobre todo, para reunir la normativa específica que estaba dispersa, los minusválidos andaluces creen que ha llegado el momento de exigir un mayor compromiso y sensibilidad a la sociedad; también a la empresa privada, y en general a la Administración. "Debe potenciarse la incorporación a la escuela de los niños con discapacidad y han de adecuarse los cursos específicos de formación ocupacional, para nuestro colectivo, a las demandas del mercado de trabajo".

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Precisamente ayer, el consejero de Educación, Manuel Pezzi, firmó tres convenios con otras tantas asociaciones para colaborar con alumnos que sufren autismo, parálisis cerebral y retraso mental. Los acuerdos se financiarán con 11 millones de pesetas.

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