Los alcaldes de Mataró y Olesa niegan haber dado trato de favor a la constructora AGT
Los alcaldes de Mataró y Olesa de Montserrat, Manuel Mas y Enric Térmens respectivamente, ambos del PSC, defendieron ayer ante el juez que tramita la querella del caso AGT la legalidad de las adjudicaciones municipales a esta constructora. Al salir del juzgado ambos negaron haber dado cualquier trato de favor a esa empresa, presidida por el ex diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Luis García Sáez. Ayer declararon también el ex alcalde socialista de Esplugues Antoni Pérez y Josep Maria Triginer, uno de los fundadores del PSC.
Los alcaldes de Mataró y Olesa de Montserrat habían sido...
Los alcaldes de Mataró y Olesa de Montserrat, Manuel Mas y Enric Térmens respectivamente, ambos del PSC, defendieron ayer ante el juez que tramita la querella del caso AGT la legalidad de las adjudicaciones municipales a esta constructora. Al salir del juzgado ambos negaron haber dado cualquier trato de favor a esa empresa, presidida por el ex diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Luis García Sáez. Ayer declararon también el ex alcalde socialista de Esplugues Antoni Pérez y Josep Maria Triginer, uno de los fundadores del PSC.
Los alcaldes de Mataró y Olesa de Montserrat habían sido citados a declarar como imputados por el magistrado Adolfo Fernández Oubiña, encargado de tramitar la querella que el 23 de septiembre presentaron por estafa e insolvencia punible un grupo de empresarios perjudicados por la suspensión de pagos de AGT, ya que la empresa dejó de pagarles las obras que subcontrató con ellos en varios municipios de Barcelona. En cuanto a Triginer y Antoni Pérez, se les llamó a declarar como inculpados al trascender que eran empleados de AGT.En el caso de Mataró, la constructora realizó tres obras: una de las fases del parque central, una promoción de pisos en la Via Europa y la urbanización de un sector del parque central. Estos dos últimos trabajos fueron adjudicados por la empresa municipal Pumsa, de cuya junta de accionistas -que no intervenía en la adjudicación- era presidente Manuel Mas.
El presidente ejecutivo de la sociedad era en aquella época Salvador Milà Solsona, concejal de Urbanismo. El alcalde de Mataró explicó también al juez que la empresa tenía un consejero delegado, César Rodríguez Fernández, cuyo nombre facilitó en su declaración. Es muy probable que en los próximos días ambos sean citados a declarar. Tanto Manuel Mas como Enric Térmens explicaron al salir de los juzgados que en ninguna de estas concesiones existió favoritismo hacia la empresa AGT. El alcalde de Mataró reconoció que conoce a su propietario, Luis García, desde hace 22 años, cuando ambos empezaron a militar en UGT. Más contundente fue el alcalde de Olesa, quien relató que la amistad que tenía con el dueño de la constructora no había de ser un impedimento para que se le adjudicaran obras si ganaba un concurso. "Eso sería condenar al ostracismo a cualquier persona por el simple hecho de estar o haber estado vinculada al partido", explicó.
En el caso de Olesa, el alcalde relató que las obras de edificación se realizan habitualmente a través de la empresa municipal Olesa Urbana, cuyo presidente y consejero delegado es el concejal de Urbanismo, Enric Martínez. Esta sociedad sólo contrató a AGT en una ocasión para realizar unas obras en el parque de Santa Oliva, después de que se produjera "un fallido en cascada", pues la empresa que ganó el concurso suspendió pagos hace seis meses y la segunda mejor clasificada declinó el encargo, por lo que fue entonces cuando se adjudicó a AGT.
Esta constructora también formó parte, junto con otras, de una unión temporal de empresas para realizar unas viviendas de protección oficial en la calle deBarcelona de Olesa, que quedaron pendientes de acabar tras la suspensión de pagos. Sobre este trabajo, el Ayuntamiento tiene retenidos a AGT 23 millones de pesetas más la fianza que depositan las empresas al optar a un concurso. En ambas obras, la oferta de AGT era entre el 0,9% y 1,9 % inferior al precio de licitación.
Sin responsabilidad
Fuentes judiciales explicaron ayer que, después de tomarles declaración, el juez entiende que ambos alcaldes están exentos de responsabilidad penal en el caso, aunque formalmente siguen inculpados. Esa misma opinión es también extensible a Josep Maria Triginer y Antoni Pérez. El primero seguía en nómina de AGT cuando se presentó la suspensión de pagos, y declaró al juez que su trabajo consistía en realizar informes medioambientales.
El ex alcalde de Esplugues, que dimitió en abril de 1998 al ser condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación, estuvo contratado por AGT hasta el pasado mes de julio. Su trabajo era buscar solares y promotores adecuados para las obras que se iban a realizar. Ayer también declararon como testigos seis miembros de la mesa de contratación del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.