La oposición pide que el pleno de Iruña de Oca exija la dimisión del concejal del PP
Los concejales de la agrupación electoral Veleia-Oca, segunda fuerza política tras el PNV en la localidad alavesa de Iruña de Oca y en la oposición, solicitaron ayer que el próximo pleno municipal incluya en su orden del día una petición de dimisión al concejal del PP José Luis Montejo. Este grupo presentó el miércoles en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria una denuncia contra el citado edil, que se añade a la planteada anteriormente por un vecino del cercano pueblo de Víllodas.Ambas denuncias cuestionan la participación del concejal del PP en votaciones sobre la recalificación de un...
Los concejales de la agrupación electoral Veleia-Oca, segunda fuerza política tras el PNV en la localidad alavesa de Iruña de Oca y en la oposición, solicitaron ayer que el próximo pleno municipal incluya en su orden del día una petición de dimisión al concejal del PP José Luis Montejo. Este grupo presentó el miércoles en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria una denuncia contra el citado edil, que se añade a la planteada anteriormente por un vecino del cercano pueblo de Víllodas.Ambas denuncias cuestionan la participación del concejal del PP en votaciones sobre la recalificación de unos terrenos, parte de los cuales son de su propiedad.
Según la denuncia presentada por Veleia, los terrenos de Montejo -7.000 metros cuadrados, según él mismo- se habrían revalorizado de 200 a 10.000 pesetas el metro cuadrado, mientras se desvalorizaron en la misma medida otros de propiedad pública que volvieron a ser rústicos con el cambio introducido en el planeamiento municipal. Veleia cita en su denuncia al alcalde de la localidad, el peneuvista Manuel Rivas Soto, a quien reprocha el apoyo público prestado a Montejo y de quien sugiere "posible conocimiento y consentimiento de los hechos y, por tanto, connivencia con el concejal del PP". Montejo recibió ayer el apoyo de la dirección alavesa de su partido.
Veleia-Oca agregó ayer que los hechos constituyen presumiblemente un delito de prevaricación y otro de cohecho y señala que, aunque no fuera así, son "antiéticos, antidecorosos, reprobables y amorales en cualquier concejal democrático".