Matutes propone que sea el Gobierno el que decida las peticiones de extradición

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, defendió ayer una reforma legal para dar margen de actuación al Ejecutivo ante iniciativas judiciales que lesionen los intereses exteriores del Estado, como es el caso de determinadas peticiones de extradición. El comentario de Matutes surgió tras una pregunta sobre el caso Pinochet, en el que la "falta de margen de maniobra" ha sido el argumento reiteradamente alegado por el Ejecutivo español ante las reclamaciones del Gobierno chileno para que se paralizase el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón y el ex dictador regresara a Chile...

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, defendió ayer una reforma legal para dar margen de actuación al Ejecutivo ante iniciativas judiciales que lesionen los intereses exteriores del Estado, como es el caso de determinadas peticiones de extradición. El comentario de Matutes surgió tras una pregunta sobre el caso Pinochet, en el que la "falta de margen de maniobra" ha sido el argumento reiteradamente alegado por el Ejecutivo español ante las reclamaciones del Gobierno chileno para que se paralizase el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón y el ex dictador regresara a Chile.

La pregunta había sido formulada en el Senado por el socialista Fernando González Laxe, quien pidió explicaciones sobre el intercambio de notas entre los Gobiernos de España y Chile en el caso Pinochet.Matutes, tras asegurar que el Ejecutivo ha mantenido siempre la misma postura, pidió al PSOE coherencia. Citó al respecto declaraciones del líder socialista Joaquín Almunia, quien aseguró en París que los jueces no pueden dirigir la política exterior española, mientras que en una entrevista afirmó que la justicia está por encima de las relaciones exteriores.

"Si la declaración de París (del PSOE) fija la línea, el Gobierno siempre estará dispuesto a introducir modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes para que, en el caso de que una decisión judicial pueda lesionar gravemente los intereses de la política exterior española, por razones de Estado, no ejecutar una petición de extradición", afirmó en la comisión.

El ministro matizó después sus palabras. "No me estoy refiriendo a ningún caso concreto y tampoco estoy pensando en el corto plazo; creo que es una reflexión que se puede iniciar en la próxima legislatura, porque hay aspectos de nuestra legislación que no dan ningún margen de maniobra al Gobierno en el caso de tramitar extradiciones que en un momento determinado pueden poner en grave peligro nuestras relaciones exteriores", precisó. La Oficina de Información Diplomática emitió por la noche un comunicado en el que indica que la eventual reforma "en modo alguno podría tener efecto retroactivo".

Matutes formuló su propuesta "desde el más estricto respeto a las decisiones de nuestros tribunales y desde la más amplia y estrecha solidaridad con las víctimas de la represión por las dictaduras que existieron en esos países". El ministro agregó: "Es una buena reflexión que no se hizo a tiempo, pero que convendría tener en cuenta para el futuro, habida cuenta del peligro que existe de multiplicidad de actuaciones judiciales que pueden afectar a terceros países con los que tenemos relaciones de hermandad que podrían perjudicarse".

"Desde el respeto a los tribunales, tengo la convicción de que España no puede erigirse en justiciero universal, no hay ningún país cuya política exterior pueda soportar ese papel y por ello reclamamos la puesta en marcha cuanto antes del Tribunal Penal Internacional", agregó Matutes.