El magistrado actuó por "imposición legal"

Baltasar Garzón, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, justificó jurídicamente la elevación de su exposición razonada sobre el caso Oñederra a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en la "imposición legal" que le impedía valorar los indicios apreciados sobre "el Excelentísimo señor don Felipe González Márquez".La exposición motivada dirigida por Garzón al Supremo, de 23 folios, hasta ahora no publicados, reproduce los hechos y razonamientos jurídicos contenidos en el auto notificado el pasado viernes.

Al texto de la resolución reproducido en la exposición raz...

Baltasar Garzón, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, justificó jurídicamente la elevación de su exposición razonada sobre el caso Oñederra a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en la "imposición legal" que le impedía valorar los indicios apreciados sobre "el Excelentísimo señor don Felipe González Márquez".La exposición motivada dirigida por Garzón al Supremo, de 23 folios, hasta ahora no publicados, reproduce los hechos y razonamientos jurídicos contenidos en el auto notificado el pasado viernes.

Al texto de la resolución reproducido en la exposición razonada, Garzón añadió una "justificación jurídica" en la que dice: "La exposición que se eleva pretende poner en conocimiento de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo los elementos y datos, apoyados principalmente en sendos documentos que obran en la causa y que se refieren a la persona aforada -el Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez-, respecto de la cual y por imposición legal este instructor no puede hacer valoración de indicios, diferente a la que se concreta en la motivación de esta resolución, y a los solos efectos de justificar la misma, que determinará el pronunciamiento de esa Excelentísima Sala, atribuyéndose la competencia o permitiendo la continuación de la instrucción en este Juzgado".

Garzón explicó privadamente que, en su criterio, la exculpación definitiva de González sólo podía decidirla el Tribunal Supremo.