El Gobierno navarro pagó 25 millones por informes sobre Itoiz que nunca recibió
El Gobierno navarro pagó en noviembre de 1989 un total de 24.976.000 pesetas por unos informes sobre la seguridad de la presa de Itoiz encargados por un organismo ajeno, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y cuya realización y resultados nunca llegó a conocer.Según una respuesta de la Dirección General de Obras Públicas del Ejecutivo foral a la coordinadora opuesta a la cosntrucción del embalse, el Gobierno, presidido entonces por el socialista Gabriel Urralburu, recibió una solicitud de "colaboración económica" de la CHE para realizar estudios adicionales del proyecto técnico del e...
El Gobierno navarro pagó en noviembre de 1989 un total de 24.976.000 pesetas por unos informes sobre la seguridad de la presa de Itoiz encargados por un organismo ajeno, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y cuya realización y resultados nunca llegó a conocer.Según una respuesta de la Dirección General de Obras Públicas del Ejecutivo foral a la coordinadora opuesta a la cosntrucción del embalse, el Gobierno, presidido entonces por el socialista Gabriel Urralburu, recibió una solicitud de "colaboración económica" de la CHE para realizar estudios adicionales del proyecto técnico del embalse.
El Gobierno aprobó una orden foral, la número 1378/1989 de 27 de noviembre, en virtud de la cual se autorizó un gasto de 24,9 millones "como importe de tal colaboración económica a llevar a cabo por CHE", indica la notificación oficial hecha pública ahora por la Administración foral.
La respuesta añade que "dicha orden foral del año 1989 hace referencia única y exclusivamente al abono de un encargo realizado por la CHE, sin que ello implique la recepción de ningún encargo o informe por parte del Gobierno de Navarra".
La respuesta del Ejecutivo a la Coordinadora de Itoiz se enmarca en el contencioso sobre la seguridad de esta presa. Los abogados de la coordinadora presentaron este año un informe elaborado en diciembre de 1989 en el que se advertía del riesgo de deslizamiento de la ladera izquierda del embalse, un informe que tanto el Gobierno navarro como la Confederación Hidrográfica negaron conocer, pese a que ésta última realizó el estudio pagado por el Ejecutivo.