Urbanismo tarda tres años en descubrir el derribo de un edificio protegido

El Ayuntamiento de Madrid no sabe en qué fecha se derribó el edificio protegido en la calle de Guzmán el Bueno 28. Ahora, el Gobierno regional ha impuesto a Regato, SA, una de las mayores multas por infracción urbanística (173,6 millones). La Gerencia Municipal de Urbanismo no planteó el problema en la Comisión Local de Patrimonio hasta marzo de este año. Las obras en el edificio se iniciaron seis años antes, en 1993.En junio de ese año se concedió licencia para obras de reestructuración y tres años más tarde, el 1 de agosto de 1996, se autorizó la "sustitución de forjado de la planta baja cub...

El Ayuntamiento de Madrid no sabe en qué fecha se derribó el edificio protegido en la calle de Guzmán el Bueno 28. Ahora, el Gobierno regional ha impuesto a Regato, SA, una de las mayores multas por infracción urbanística (173,6 millones). La Gerencia Municipal de Urbanismo no planteó el problema en la Comisión Local de Patrimonio hasta marzo de este año. Las obras en el edificio se iniciaron seis años antes, en 1993.En junio de ese año se concedió licencia para obras de reestructuración y tres años más tarde, el 1 de agosto de 1996, se autorizó la "sustitución de forjado de la planta baja cubierta y sustitución de las fachadas interiores". El inmueble, "de tres plantas y con una fachada agradable, no estaba pegado a las medianerías de los inmuebles colindantes", explica Luis Armada, gerente de Urbanismo. Para acometer esos trabajos se colocaron andamios en todo el edificio con lonas alrededor. A esta circunstancia atribuye Armada que el Ayuntamiento no tenga constancia de la fecha del derribo de un inmueble catalogado por su armonía con el entorno: "Lo hicieron todo tapado".

La empresa Regato solicitó una nueva modificación de la licencia en junio de 1997; petición a la que no respondió Urbanismo. Sus inspectores levantaron acta a finales de 1998 de que había crecido espectaculamente el inmueble (ocho plantas y un torreón), pero ha sido el intento de Regato de legalizar el derribo y la nueva obra, amparándose en el silencio administrativo, lo que destapó en marzo pasado que el edificio protegido ya no existía.