La Junta propone que las subvenciones para viviendas queden exentas del IRPF

La Agencia Tributaria quiere reforzar el control sobre las familias que reciben ayudas públicas para adquirir viviendas de protección oficial; el Ministerio de Economía maneja un anteproyecto de decreto que obligará a hacer la declaración del IRPF a aquellos que hayan percibido subvenciones superiores a 50.000 pesetas anuales para comprar o rehabilitar estos inmuebles. El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, rechazó ayer esta medida y fue más allá: reclamó al Ejecutivo central que no incluya estas ayudas como incremento patrimonial en el impuesto sobre la renta. "Las políticas socia...

La Agencia Tributaria quiere reforzar el control sobre las familias que reciben ayudas públicas para adquirir viviendas de protección oficial; el Ministerio de Economía maneja un anteproyecto de decreto que obligará a hacer la declaración del IRPF a aquellos que hayan percibido subvenciones superiores a 50.000 pesetas anuales para comprar o rehabilitar estos inmuebles. El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, rechazó ayer esta medida y fue más allá: reclamó al Ejecutivo central que no incluya estas ayudas como incremento patrimonial en el impuesto sobre la renta. "Las políticas sociales no pueden ser objeto del afán recaudatorio del Gobierno", defendió Vallejo. Las subvenciones de las Administraciones central y autonómica para la adquisición de viviendas de protección oficial han sido siempre consideradas incrementos patrimoniales y, como tales, se incluyen en las rentas gravadas en el IRPF. Sin embargo, el decreto que prevé aprobar el Consejo de Ministros en diciembre facilita la inspección fiscal y, sobre todo, obliga a realizar la declaración a los contribuyentes que hayan recibido estas ayudas, independientemente del mínimo de ingresos (3,5 millones de pesetas) fijado por Hacienda en la reforma del impuesto, que ya se reflejará en las declaraciones del 2000.

El consejero aseguró que la Agencia Tributaria ya se ha dirigido a la Junta de Andalucía y a otros Gobiernos autonómicos para recabar la lista de aquellas personas que han recibido subvenciones públicas para adquirir viviendas. Vallejo consideró "una injusticia y una incoherencia" que se otorguen ayudas a familias por su bajo nivel de ingresos y luego se endurezca su tratamiento fiscal. La tributación de estas subvenciones afectará a 220.000 familias andaluza de las que, según cálculos de Obras Públicas, el Gobierno recaudará 30.000 millones de pesetas. "Esas ayudas las han recibido en especie, en piedra, no en dinero", recordó Vallejo, quien ha pedido al grupo parlamentario socialista que presente una enmienda a la ley de Acompañamiento de los presupuestos del Estado para el 2000 para que estas subvenciones queden exentas.