El fiscal pide que se aclare la responsabilidad de los médicos de la empresa en el caso del amianto
El ministerio fiscal quiere que se delimite la responsabilidad de los médicos de la fábrica Fibrocementos de Levante, que el grupo Uralita tiene en Sant Vicent del Raspeig, en el caso de los trabajadores que en los últimos años han contraído asbestosis (afección pulmonar por aspirar amianto). Un grupo de seis ex trabajadores de esta factoría presentó el pasado año una denuncia contra la empresa, que inicialmente fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Vicent. No obstante, y a raíz de un recurso del fiscal, el magistrado ha reabierto la causa.
Según datos facilitados...
El ministerio fiscal quiere que se delimite la responsabilidad de los médicos de la fábrica Fibrocementos de Levante, que el grupo Uralita tiene en Sant Vicent del Raspeig, en el caso de los trabajadores que en los últimos años han contraído asbestosis (afección pulmonar por aspirar amianto). Un grupo de seis ex trabajadores de esta factoría presentó el pasado año una denuncia contra la empresa, que inicialmente fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Vicent. No obstante, y a raíz de un recurso del fiscal, el magistrado ha reabierto la causa.
Según datos facilitados por Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Enfermos por Amianto, desde el año 1990 unos 60 empleados de la fábrica han resultado afectados por esta enfermedad. Uno de estos afectados, a quien hace un año y medio se le había diagnosticado asbestosis, falleció la pasada semana.Martínez y otros cinco ex empleados denunciaron el pasado año a la dirección de la empresa por un supuesto delito contra la salud de los trabajadores. El juez instructor, tras la práctica de diligencias (entre ellas, la declaración de cuatro inspectores de trabajo) archivó la causa el pasado mes de marzo. En el recurso del fiscal contra el archivo del caso, que ha dado pie a la reapertura del asunto, la acusación pública mantiene que descartada, inicial y provisionalmente, la posible responsabilidad de la empresa, queda por dilucidar si hay alguna irregularidad en la actuación de los controladores médicos de la empresa, "lo cual no sido suficientemente investigado por estas diligencias", precisa el escrito del fiscal. La acusación pública sostiene que de los mumerosos informes de la inspección de Trabajo y del gabinete técnico se deduce que, en líneas generales, la empresa ha cumplido con las obligaciones establecidas en la orden de 1994 sobre riesgos del amianto.
Sin embargo, el fiscal asegura que también es cierto que falleció un obrero por asbestosis pulmonar grave, derivada del prolongado trabajo manipulando productos con amianto. "Además, un número elevado de trabajadores (los posibles perjudicados son unos 30) han sido declarados profesionalmente, o pueden serlo, con invalidez permanente, como consecuencia de su dilatado trabajo manejando derivados del amianto", recoge el escrito del fiscal.
En su recurso, el fiscal propone como prueba clave para esclarecer el caso la declaración ante el juez de los cuatro facultativos de la empresa para que expliquen las medidas de control médico que adoptaron respecto a los trabajadores.