Los últimos colonos, al fin propietarios

A Ramón González le expropiaron su vida cuando apenas tenía 30 años. Tuvo que coger a su familia y decir adiós a su cortijo de El Aguaderico, en lo más agreste de las sierras de Segura y Cazorla (Jaén). Allí había nacido, allí tenía su huerta y allí pervivían las huellas de sus antepasados. Era la década de los 50 y, como Ramón, otras decenas de familias se vieron forzadas a asentarse en el poblado de Coto Ríos, creado por el Instituto Nacional de Colonización a raíz de la puesta en marcha del Plan Jaén, un invento con el que Franco, que frecuentaba estas sierras para cazar, quiso llenar de co...

A Ramón González le expropiaron su vida cuando apenas tenía 30 años. Tuvo que coger a su familia y decir adiós a su cortijo de El Aguaderico, en lo más agreste de las sierras de Segura y Cazorla (Jaén). Allí había nacido, allí tenía su huerta y allí pervivían las huellas de sus antepasados. Era la década de los 50 y, como Ramón, otras decenas de familias se vieron forzadas a asentarse en el poblado de Coto Ríos, creado por el Instituto Nacional de Colonización a raíz de la puesta en marcha del Plan Jaén, un invento con el que Franco, que frecuentaba estas sierras para cazar, quiso llenar de contenido su célebre frase de "Jaén me quita el sueño".A Ramón y a todos los que llegaron a Coto Ríos le proporcionaron también una pequeña parcela para su explotación. Esa política de colonización agrícola tuvo continuidad después en otra semejante en materia forestal. De alguna manera, el Estado quiso hacer de estos vecinos los mejores guardas de unas sierras que poco después serían declaradas coto nacional. A ellos poco les importaba, pues fueron los años donde más jornales se generaban por la limpieza y protección de los montes.

Sin embargo, medio siglo después, todavía pagan las consecuencias de una política colonizadora llena de paradojas. Ramón, de 80 años, ha vivido estos 50 años en una casa sobre la que no tenía derecho alguno. Es más, incluso ha tenido que pagar un canon anual. Como Ramón, ningún vecino de Coto Ríos ha podido alterar la superficie de su vivienda en este medio siglo, y eso a pesar de las necesidades por el crecimiento de las familias. Primero el Icona y después Medio Ambiente han sido inflexibles en sus principios colonizadores. Y es que, como dicen los hermanos Manuel y Amador Punzano, dos de los primeros colonos, "aquí los guardas han tenido más poder que los alcaldes".

El colmo de las incongruencias que han padecido estos vecinos llegó cuando empezaron a recibir multas por las pequeñas obras en el interior de sus habitáculos para paliar el hacinamiento. Manuel Punzano recuerda que los guardas que les autorizaron a estas obras fueron los que luego les dieron las sanciones. Casi nadie ha pagado esas multas, pero los colonos de Coto Ríos, con más de 500 habitantes en la actualidad, llevan medio siglo esperando poder contar con una escritura de sus casas y de sus pequeñas huertas.

Hoy, casi ningún vecino ha recibido noticia de que la Junta vaya a proceder a la enajenación de las viviendas a los vecinos, que podrán adquirir el título de propiedad de sus casas por cantidades que oscilan entre 400.000 y 700.000 pesetas. "Ya era hora", exclama Francisca Nieto, de 77 años, otra de las primeras colonas.

Su vecina Adela Castillo alerta de que ese acuerdo seguirá siendo incompleto hasta que se incluya en la enajenación a las pequeñas parcelas agrícolas. "Tendremos que seguir pagando un canon", dice resignada Adela.

Mucho ha tenido que ver en la solución final de este conflicto el alcalde de Santiago-Pontones, el municipio al que pertenece Coto Ríos, a pesar de que sus vecinos orientan toda su vida económica y sanitaria hacia Cazorla, mucho más próxima. Luis Parra ha salido mareado de recorrer tantos organismos y de visitar a políticos para convencerles de que se pusiera fin a una situación tan atípica como absurda. Hoy, a pesar de que teme que sus vecinos tampoco le crean en esta ocasión, ha conseguido no sólo la enajenación de las viviendas, sino también el compromiso de la Junta de destinar el dinero procedente de esa venta a obras de urbanización y equipamiento del poblado.