Las ETT plantan cara al veto legal de la Comunidad
Las empresas de trabajo temporal (ETT) no piensan quedarse de brazos cruzados ante la prohibición de contratar trabajadores a través de sus servicios que se ha impuesto la Administración regional de Madrid a través del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2000."No asumiremos una actitud pasiva. El sector no se quedará quieto y estudiará qué hacer ante esta decisión ilógica. No puedo especificar cuál será la reacción, pero alguna medida adoptaremos", dijo ayer Ricardo Rodríguez Castañón, secretario general de la Asociación Española de Empresas de Trabajo Temporal (AEETT).
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Las empresas de trabajo temporal (ETT) no piensan quedarse de brazos cruzados ante la prohibición de contratar trabajadores a través de sus servicios que se ha impuesto la Administración regional de Madrid a través del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2000."No asumiremos una actitud pasiva. El sector no se quedará quieto y estudiará qué hacer ante esta decisión ilógica. No puedo especificar cuál será la reacción, pero alguna medida adoptaremos", dijo ayer Ricardo Rodríguez Castañón, secretario general de la Asociación Española de Empresas de Trabajo Temporal (AEETT).
Rodríguez Castañón calificó como un "contrasentido" la reglamentación aprobada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que pone límites a los organismos regionales a la hora de contratar personal.
"La reforma de la ley que regula nuestra actividad, promulgada por la Administración central en agosto último, admitió la generosidad y bondad de las ETT. Es poco entendible que la Comunidad de Madrid no pueda recurrir a este sistema aunque aportemos garantías al trabajador", señaló el secretario general de AEETT.
Hace apenas tres meses entró en vigor la Ley 29/99: la norma reconoció por primera vez la equiparación salarial entre el personal de las ETT y los contratados por otros procedimientos.
Ahora, el Ejecutivo regional ha dispuesto que "la Administración autónoma, los entes, organismos autónomos, agencias, consorcios y empresas públicas, en el ámbito de la Comunidad, no utilizarán empresas de trabajo temporal para resolver sus necesidades laborales". Rodríguez Castañón cree que la ley regional constituye un "contrafuero", porque "España además ratificó el artículo 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde reconocen el buen funcionamiento de estas empresas en el mercado".
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