El Gobierno congela los impuestos de tabaco, gasolinas y alcohol para contener los precios

El Consejo de Ministros aprobó ayer los Presupuestos para el año 2000, los últimos de la actual legislatura. La principal novedad es que los impuestos especiales que gravan el consumo de tabaco, alcohol y combustibles se congelan, es decir, no aumentan según la inflación prevista (el 2%), como es habitual. El objetivo es contener los precios, si bien ayer el Gobierno volvió a retrasar el anunciado paquete de medidas contra la inflación. Estos Presupuestos reducen el déficit al 0,8% del PIB, sitúan el crecimiento en el 3,7% y prevén la creación de 391.100 empleos y que el paro caiga al 14,2% de...

El Consejo de Ministros aprobó ayer los Presupuestos para el año 2000, los últimos de la actual legislatura. La principal novedad es que los impuestos especiales que gravan el consumo de tabaco, alcohol y combustibles se congelan, es decir, no aumentan según la inflación prevista (el 2%), como es habitual. El objetivo es contener los precios, si bien ayer el Gobierno volvió a retrasar el anunciado paquete de medidas contra la inflación. Estos Presupuestos reducen el déficit al 0,8% del PIB, sitúan el crecimiento en el 3,7% y prevén la creación de 391.100 empleos y que el paro caiga al 14,2% de la población activa. Los sueldos de los funcionarios subirán el 2%.

A la subida del 2% para los sueldos de los funcionarios se añade un fondo de 13.000 millones destinado a mejoras en los servicios públicos y a elevar la productividad. Las pensiones subirán también el 2%, con un incremento medio de 3.000 pesetas para las más bajas. La tarifa del IRPF se actualizará un 2% para neutralizar el impacto de la inflación. En este impuesto se compensará a quienes compraron vivienda antes del 4 de mayo del pasado año y que quedan perjudicados por el nuevo tratamiento fiscal, mientras las retenciones de los dividendos y por actividades profesionales bajan al 18%. La Seguridad Social alcanzará un superávit del 0,1% del PIB. Este logro responde a que el Estado asume toda la financiación de la sanidad y de las prestaciones sociales familiares. Por ello, el gasto del Estado aumentará un 4,7%.