"En esta legislatura queremos igualar el salario social al sueldo mínimo"
El consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga (Zeanuri, 48 años), no va a entrar en la guerra de las pensiones abierta por otras comunidades para aumentar las no contributivas (las concedidas a quienes no cotizaron a la Seguridad Social). Su objetivo es que a lo largo de esta legislatura la cuantía del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social se pueda equiparar al salario mínimo interprofesional. Así, el IMI pasaría de las actuales 46.150 pesetas al mes que puede percibir un beneficiario de esta ayuda a las 69.000 pesetas en las que está fijado el sueldo base. Pregunta. ¿Es partidario ...
El consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga (Zeanuri, 48 años), no va a entrar en la guerra de las pensiones abierta por otras comunidades para aumentar las no contributivas (las concedidas a quienes no cotizaron a la Seguridad Social). Su objetivo es que a lo largo de esta legislatura la cuantía del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social se pueda equiparar al salario mínimo interprofesional. Así, el IMI pasaría de las actuales 46.150 pesetas al mes que puede percibir un beneficiario de esta ayuda a las 69.000 pesetas en las que está fijado el sueldo base. Pregunta. ¿Es partidario de subir las pensiones no contributivas? Respuesta. Considero un acto elemental de justicia el incremento de las pensiones ya que hoy en día el importe de las mismas es muy bajo. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo para incrementar estas pensiones y acercarlas al salario mínimo interprofesional en el plazo más breve de tiempo. P. Algunas comunidades, como Andalucía y Cataluña, lo han hecho o van a hacerlo. El Gobierno central considera injusto que los pensionistas de algunas comunidades puedan cobrar más que los de otras. R. Lo más injusto son las cantidades que cobran los perceptores de las pensiones no contributivas. Desde un punto de vista racional, ese incremento tendría que ser asumido por el Estado en su conjunto y que no hubiera discriminaciones entre las comunidades. Lo que hay que garantizar es una renta básica a todas las personas que tengan necesidad. P. ¿Euskadi va a entrar en esta puja por las pensiones? R. No. Por dos razones: aumentar las pensiones es una responsabilidad del Estado, y en segundo lugar porque en Euskadi está instaurado desde hace muchos años el Ingreso Mínimo de Inserción o salario social, que garantiza a las personas sin recursos cobrar cantidades superiores a las que aportan las pensiones no contributivas. Si una persona que recibe una pensión no contributiva no llega a la cuantía del IMI tiene derecho a ingresar un complemento que le permita alcanzar esa cantidad, siempre y cuando no disponga de otros medios. En Euskadi estamos en una situación mucho mejor que en el resto del Estado, lo que no significa que estemos satisfechos con el IMI. En el Gobierno vasco existe la sensibilidad suficiente para ir incrementando de forma progresiva la cantidad que actualmente se cobra. P. ¿El salario para el que no trabaja es un derecho? R. Todas las personas se tienen que realizar y para eso un derecho elemental es el trabajo. Lo que hay que intentar es generar los puestos de trabajo necesarios para los colectivos más desfavorecidos. El salario de ese trabajo les permitirá llevar una vida digna. Mientras no se pueda generar ese trabajo, es de justicia que se reconozca una renta básica a los excluidos del mundo laboral. Afortunadamente, en Euskadi existe esa sensibilidad y como consecuencia de ello el Gobierno vasco, sustentado por PNV, EA y EH, ha incrementado este año el IMI y en los próximos años se subirá aún más. P. ¿Los tres partidos van a la misma velocidad a la hora de apostar por ese aumento? R. Los partidos de izquierda, como EA y EH, tienen una sensibilidad mayor. Pero la política se demuestra andando y hay que reconocer que el PNV fue quien instauró en su momento, a propuesta de Euskadiko Ezkerra, el IMI, y hoy mantiene esa sensibilidad. P. La Carta de Derechos Sociales, que se debatirá en el Parlamento a partir de otoño, contempla una renta básica para todos los parados similar al salario mínimo. Esta iniciativa es la apuesta más fuerte de EH. ¿Es factible a corto plazo? R. La idea es alcanzar el salario mínimo interprofesional de forma progresiva. Los presupuestos dan de sí lo que dan de sí, pero desde una perspectiva progresista hay que priorizar este tipo de demandas sociales. En un año no podremos equiparar el IMI con el salario mínimo interprofesional, pero sí dentro de esta legislatura. P. ¿Cuándo prevé que se aprobará la Carta de Derechos Sociales y la renta básica? R. El Gobierno está elaborando ahora una serie de estudios que entregará a los partidos que integren la ponencia parlamentaria. Mi idea es que en octubre comiencen los trabajos parlamentarios y que a finales de este año o comienzos de enero se pueda aprobar. El Gobierno afronta el debate con espíritu abierto y trataremos de llegar a un acuerdo con la oposición y con los promotores de la Carta para llegar a un punto de equilibrio y que todos los excluidos tengan un salario digno. P. El año pasado se aprobó la Ley contra la Exclusión Social, que regula el IMI. ¿La Carta de Derechos Sociales va a sustituir a esta Ley? R. La Ley de Exclusión Social fue aprobada de forma mayoritaria por el Parlamento, tiene plena vigencia y seguro que se podrá complementar con la futura Carta de Derechos Sociales. La aprobación de la Carta no debe suponer la derogación de la Ley contra la Exclusión Social.