Los paramilitares colombianos asesinan a decenas de civiles en la frontera con Venezuela
"¿Qué podemos hacer?, cruzarnos de brazos y esperar a ver quién viene a matarnos". Así, con total desesperanza, expresó un campesino de más de 70 años la impotencia de los que viven en las zonas donde paramilitares y guerrilla luchan por el control del territorio. Esa batalla costó la vida al menos a 40 civiles -los testigos aseguran que son más de 50- el pasado fin de semana. El escenario fue la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y los asesinos, como ocurre en la mayoría de los casos, fueron los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
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"¿Qué podemos hacer?, cruzarnos de brazos y esperar a ver quién viene a matarnos". Así, con total desesperanza, expresó un campesino de más de 70 años la impotencia de los que viven en las zonas donde paramilitares y guerrilla luchan por el control del territorio. Esa batalla costó la vida al menos a 40 civiles -los testigos aseguran que son más de 50- el pasado fin de semana. El escenario fue la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y los asesinos, como ocurre en la mayoría de los casos, fueron los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Hace dos semanas, el defensor del pueblo de esta zona de la provincia de Norte de Santander, Iván Villamizar, denunció que a finales de mayo los paramilitares llegaron para disputar el terreno a la guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que desde hace años están en esa zona rica en petróleo y cultivos de coca. En dos meses, los paramilitares de ultraderecha asesinaron a 90 personas y generaron un éxodo de más de 3.000 campesinos.Ayer, Villamizar, enfadado y cansado, recriminó a policía y Ejército que, a pesar de sus advertencias, "no han hecho nada" para evitar la nueva matanza. El jueves pasado, tras el secuestro del obispo de Tibú, José de Jesús Quintero -quien supuestamente está en manos del EPL-, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, viajó a Cúcuta, capital de la provincia, y presidió un consejo de seguridad. Pero nada se hizo para evitar la nueva masacre: 50 hombres armados llegaron el viernes durante la noche a la zona rural del municipio de Tibú, recorrieron varias aldeas, sacaron de sus casas a los que, según ellos, colaboran con la guerrilla, les ataron las manos a la espalda, se los llevaron y, a lo largo del camino hacia la próxima aldea, iban tirando los cadáveres.
Las imágenes ya las conoce el país de memoria: cuerpos tirados en el suelo sobre sábanas y rodeados por cuatro velas; madres, padres e hijos destrozados por el dolor, y amigos con la mirada vacía como si hubieran gastado ya todas sus lágrimas. Uno de los más desesperados ayer era Aurelio Valbuena, de 74 años. Hace apenas un mes, la guerrilla mató a su hijo mayor; este fin de semana, los paras le quitaron a su otro hijo. Con palabras atropelladas y enredado por la angustia, contó a los periodistas que se va del pueblo, no sabe a dónde, a "empezar de nuevo". Esta nueva escalada paramilitar se da cuando, desde frentes hasta hace poco inimaginables, se pide un debate serio y público sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la guerra sucia. La polémica empezó a raíz de las columnas de Francisco Santos, editor general del diario El Tiempo, y de Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón , hace 10 días en Bogotá. A Garzón lo mató "la extrema derecha militar", dijo el primero, y el segundo habló de la desconfianza que generaba en los cuarteles la tarea de mediador de secuestros que realizaba Garzón.
Después de afirmar que la polémica no puede suponer el cuestionamiento de la "integridad de la institución militar", el editorial del diario El Tiempo dice: "La identidad y solidaridad con la fuerza pública no es, ni debe ser, ciega o incondicional", ni sustraerse a la fiscalización pública. Este diario enumera los últimos casos de barbarie en que han estado involucrados militares, como el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez, o el del empresario muerto por una banda de secuestradores dirigida por un coronel.
El editorial de El Espectador asegura que no puede confundirse el apoyo indispensable a las Fuerzas Armadas con la "crítica seria y el debate abierto", y se refiere a otro hecho polémico: la decisión de enviar a la justicia penal militar el caso del general Jaime Uscátegui, acusado de no hacer nada para evitar una masacre paramilitar que dejó más de 40 muertos en Mapiripán, provincia del Meta, cuando el hecho tiene que ver con delitos de lesa humanidad.
Incertidumbre
En medio de la creciente sensación de que el país se desmorona por tantos males no atajados a tiempo, se sigue con interés la gira del responsable de la política antidrogas de EEUU, Barry MacCaffrey, por los países vecinos. Los movimientos de tropas extranjeras al otro lado de las fronteras colombianas no dejan de causar malestar e incertidumbre en Bogotá.Ricardo Vargas, investigador especializado en los cultivos ilegales, insiste en que algo está ocurriendo en la provincia del Putumayo, en el sur del país, frontera con Ecuador y Perú. Vargas indica varios síntomas: el refuerzo de la presencia militar peruana en la frontera, con más de 2.000 soldados; la formación en la región de varios batallones militares colombianos, entre otros, el nuevo comando antinarcóticos asesorado por EEUU, y el hecho de que el Putumayo amazónico sea un lugar estratégico en la conexión de la frontera peruana y ecuatoriana con las principales zonas de seguridad de la guerrilla. "Una acción estratégica contra la insurgencia debe contemplar el cierre de este corredor", dice Vargas .