El Pacto de Toledo toca a revisión

Altísimo nivel de paro, escasa creación de empleo y envejecimiento de la población trabajadora. En 1993, España no iba bien. Las cifras económicas no daban muchas alegrías y los servicios de estudio de los bancos y cajas de ahorro dejaban caer un informe tras otro en los que las perspectivas para el sistema español de pensiones aparecían muy oscuras. Según los analistas, para el 2020, las pensiones estaban amenazadas y el sistema de la Seguridad Social se encontraría al borde de la quiebra en pocos años. Pasado el tiempo, el objetivo de partidos políticos y sindicatos es bien distinto: consegu...

Altísimo nivel de paro, escasa creación de empleo y envejecimiento de la población trabajadora. En 1993, España no iba bien. Las cifras económicas no daban muchas alegrías y los servicios de estudio de los bancos y cajas de ahorro dejaban caer un informe tras otro en los que las perspectivas para el sistema español de pensiones aparecían muy oscuras. Según los analistas, para el 2020, las pensiones estaban amenazadas y el sistema de la Seguridad Social se encontraría al borde de la quiebra en pocos años. Pasado el tiempo, el objetivo de partidos políticos y sindicatos es bien distinto: conseguir la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo, que en la actualidad es de 69.270 pesetas.El principio de la solución data de febrero de 1994, cuando Convergència i Unió solicitó una ponencia parlamentaria que estudiara el futuro de la Seguridad Social. Después de un año sin acuerdo, representantes de PSOE, PP, IU y CiU se encerraron, a principios de 1995, en el Parador de Toledo. Y ofrecieron una solución. Primero dictaminaron la viabilidad del sistema de pensiones. No había nada que temer, la Seguridad Social no iba a quebrar. Después se dieron 15 recomendaciones al Gobierno (en ese momento, socialista) para asegurar su predicción anterior. El último punto era la revisión en el Parlamento del sistema de Seguridad Social cada cinco años. En la primavera del 2000 se cumple el primer plazo. En 1996, sindicatos y Gobierno firmaron un acuerdo similar, que la patronal no firmó.

Tormentas autonómicas

Con la economía creciendo por encima de las previsiones y las pensiones aseguradas, nada hacía presagiar tormenta. El otoño pasado, sin embargo, la Junta de Andalucía rompió la tranquilidad con su anunció de subir las pensiones no contributivas por encima de la inflación. Este tipo de pensiones, que no existían hasta 1991, se crearon para quienes al llegar a los 65 años no tenían derecho a una pensión por no haber trabajado, por no haber cotizado o por no haberlo hecho suficientemente durante su vida laboral, algo muy frecuente en España en la década de los sesenta y setenta. La pensión mínima no contributiva, sin cónyuge, es de 37.955 pesetas; con cónyuge, 64.567 pesetas. Este mes, los Gobiernos de Cataluña, Canarias y Baleares han anunciado medidas similares a la andaluza.Partidos políticos, sindicatos y Gobierno reconocen la efectividad del Pacto de Toledo y la inoportunidad de la polémica con las autonomías. Según Gerardo Camps, del PP, "se intenta comprar el voto por 700 pesetas al mes". Juan Francisco Martín Seco, de IU, y Julián Ariza, de CCOO, coinciden en que las comunidades autónomas no deben gestionar este tipo de pensiones porque entonces las comunidades ricas podrán pagar más que las pobres y se creará un sistema insolidario. Ariza explica que, por ley, es el Presupuesto del Estado el que fija la cuantía de estas pensiones no contributivas, y las autonomías no pueden modificarla. Por eso, continúa, los anuncios de subida no son más que una única paga que no necesariamente se mantendrá en las nóminas de los pensionistas para el futuro.

De todas formas, todos recuerdan que España va bien, y es hora de que se beneficien los más desfavorecidos y de subir las pensiones más allá del índice de subida de precios. Joaquín Almunia, secretario general del PSOE, pidió ayer al Gobierno una subida de las pensiones mínimas en septiembre, por decreto y sin esperar a los próximos presupuestos. Josep López de Lerma, de CiU, cree que hay margen para "un incremento, que aunque no sea un gran salto, podría señalar un rumbo de sensibilidad social del Gobierno". Los sindicatos también solicitan que las pensiones suban por encima de la inflación.

Según el punto 11º del pacto, el compromiso estricto es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en otras palabras, incrementarlas sólo lo que aumente la inflación. El viernes, Juan Carlos Aparicio, secretario de Estado de Seguridad Social, no quería oír hablar de subidas de pensiones más allá de la inflación. El sábado, Juan Chozas, secretario de Estado para el Empleo, aseguró que el Ministerio de Trabajo estaba dispuesto a subir las pensiones no contributivas, siempre que haya consenso dentro del pacto. El PP ya ha anunciado que convocará a los partidos con representación parlamentaria a la vuelta de vacaciones para hablar sobre el asunto.

A esta próxima revisión, quizá adelantada por la polémica veraniega, partidos y sindicatos llegan con más análisis del pasado que propuestas de futuro. Todos coinciden al señalar cuál es el punto principal del pacto que aún no se ha rematado: la separación de fuentes de financiación.

Esto quiere decir que las pensiones contributivas (las percibidas por trabajadores jubilados por edad o invalidez) se sufraguen con las cotizaciones que los trabajadores en activo abonan a la Seguridad Social -que los trabajadores paguen a los trabajadores-, mientras que la sanidad y las pensiones asistenciales salgan de los impuestos, a través del Presupuesto del Estado -que entre todos se pague a los más desfavorecidos-. Las pensiones asistenciales (conocidas como ayudas familiares) las reciben aquellos que no alcanzan una renta mínima, aunque tengan menos de 65 años. En el 2000, las asumirá definitivamente el Estado, liberando de esa carga a la Seguridad Social.

Complementos a mínimos

Hasta ahora, Seguridad Social y Presupuestos costean lo que les corresponde según el pacto, excepto en un punto, el de los complementos a mínimos, el dinero extra que abona el Estado a los que, habiendo cotizado, no lo han hecho en la medida suficiente para llegar a la pensión contributiva mínima. Se les abona la diferencia entre lo que cobrarían según lo cotizado y ese mínimo, fijado por el Gobierno (en la actualidad, 67.050 pesetas, pensionistas con cónyuge, y 56.990 pesetas, sin cónyuge). Este dinero, 600.000 millones de pesetas que salen de la Seguridad Social aunque por su naturaleza social deberían salir de los impuestos, es el motivo de mayor desacuerdo. De hecho, se pospuso hasta el 2000 la discusión sobre el origen definitivo de esos fondos.Una vez que cada pensión se pague de la cuenta adecuada, hay acuerdo en el resto de objetivos. La solidaridad -y el pacto- obliga a constituir un fondo de reserva de la Seguridad Social. En tiempos de bonanza económica puede sobrar dinero de las cotizaciones para pagar las pensiones. El excedente hay que guardarlo para mantener las pensiones en momentos de vacas flacas.

A partir de ahí, pocas propuestas nuevas. José Antonio Griñán, del PSOE, afirmó a EL PAÍS que "si hace falta se harán propuestas, pero lo que hay que ver es qué se ha hecho". Gerardo Camps, del PP, respondió: "No queremos que se abra un debate preelectoral. Las propuestas las llevaremos en su momento". López de Lerma dijo: "No tenemos propuestas concretas". Sí coincide con Martín Seco, de IU, en su interés por igualar las pensiones y los salarios más bajos.