La polémica de las pensiones

El Auto del Tribunal Constitucional levantando la suspensión que pesaba sobre la decisión de la Junta de Andalucía de "mejorar" las pensiones no contributivas, ha vuelto a traer al primer plano de la actualidad la polémica de las pensiones. A esa polémica, centrada en este caso en la cuantía de las pensiones más bajas, en particular de aquellas que, como las "no contributivas", no responden a un previo esfuerzo de cotización de quien las recibe, sino a la solidaridad del conjunto de la sociedad, y en las vías posibles de mejora de las mismas, entre ellas la decisión al respecto de las comunida...

El Auto del Tribunal Constitucional levantando la suspensión que pesaba sobre la decisión de la Junta de Andalucía de "mejorar" las pensiones no contributivas, ha vuelto a traer al primer plano de la actualidad la polémica de las pensiones. A esa polémica, centrada en este caso en la cuantía de las pensiones más bajas, en particular de aquellas que, como las "no contributivas", no responden a un previo esfuerzo de cotización de quien las recibe, sino a la solidaridad del conjunto de la sociedad, y en las vías posibles de mejora de las mismas, entre ellas la decisión al respecto de las comunidades autónomas o de los municipios, quiero aportar algunas reflexiones.

En primer lugar, creo que hay que abordar el tema de la viabilidad jurídica y de la conveniencia política de que en nuestro Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas —y los municipios, no lo olvidemos— jueguen un papel propio en este terreno. La Junta de Andalucía ha fundamentado su actuación en que no ha procedido a mejorar ni a aumentar las pensiones no contributivas, sino que en virtud de sus competencias en materia de asistencia social, ha acordado una ayuda concreta y no consolidable para los perceptores de pensiones no contributivas.

Estas sutilezas jurídicas pueden dar para, debates sin fin (y están en la línea tan querida a cierta doctrina y presente en algunas decisiones del Tribunal Constitucional, de buscar rodeos para burlar, en favor de las comunidades autónomas, el deslinde competencial de nuestra Constitución), .y hay que reconocer que hasta ahora, en los casos de dudas interpretativas ha solido prevalecer el criterio de que el "progreso", lo políticamente 'correcto, aconsejaba favorecer la atribución de competencias a las comunidades, autónomas.

Además, en mi opinión, en nuestros debates jurídicos ha tendido a prevalecer, tradicionalmente, el aspecto formal sobre el sustancial. Ha existido un "sentido jurídico" independiente y distinto del sentido común. Pero, a pesar de todo, si el sentido jurídico puede dar para mucho, el sentido común nos lleva a considerar que una "ayuda social" a personas necesitadas que se concreta en conceder una cantidad de dinero a los perceptores de pensiones no contributivas (no a quienes no alcancen determinadas rentas o se, encuentren en determinadas situaciones objetivas, etcétera), consiste en una mejora de las mismas, aunque sea una mejora no consolidable, concedida por una sola vez. Pero, en fin, el. Tribunal Constitucional con su recientemente reforzada autoridad doctrinal deberá decir en su sentencia lo que proceda al respecto.

Lo que me interesa en estos momentos aclarar es que, en mi opinión, lo que no debe admitir la sociedad es que las comunidades autónomas, ninguna comunidad autónoma, desarrollen una política, aunque sea por vías indirectas o mediante subterfugios, en materias que no sonde su competencia, para "corregir" la política del Gobierno. Las comunidades autónomas están para gestionar adecuadamente, y si es posible eficazmente, sus competencias, no para impulsar una política alternativa a la del Gobierno ni para "corregir" determinados aspectos de la misma. Si los partidos que ostentan el poder en una comunidad autónoma consideran que la política del Gobierno es equivocada, en el Parlamento está la sede para discutir, tratar de condicionar o de corregir la misma. ', No podemos pervertir el sistema político haciendo de los Gobiernos autonómicos mecanismos de oposición al Gobierno central en las materias de competencia de éste. Eso significaría entrar en una dinámica que podría llegar a falsear, con los peligros a ello inherentes, las bases de funcionamiento de nuestro sistema político constitucional.

Por otro lado, la tentación de crear problemas al Gobierno desde algunos de los poderes territoriales puede también generar situaciones peligrosas.

Entiéndaseme, hablo del Gobierno y de los poderes territoriales en abstracto. No hay que olvidar que lo que uno hace en un determinado momento; se lo pueden hacer otros en otros momentos. Si aprendemos de nuestros clásicos, hemos de saber que es muy peligroso, si uno quiere subirse al burro que monta otro, enseñar al burro a descabalgar a su montura e incitarle a, hacerlo, porque una vez aprendido eso, quien manda es el burro, o en todo caso al, quien siempre puede después recordarle sus conocimientos e incitarle a descabalgarnos a nosotros.

Aparte todo lo anterior, el sistema público de pensiones basado en el reparto y en la solidaridad intergeneracional, afronta tales desafíos que la simple posibilidad de promover una carrera emulativa entre grupos políticos o administraciones públicas, en la que terminaría prevaleciendo el cálculo electoral, es una apuesta segura por la quiebra del sistema. Produce escalofríos pensar que alguien pueda aunque sólo sea arriesgarse a, poner en marcha, por un simple cálculo electoral, una bola de nieve capaz de arrastrar aspectos básicos de nuestro sistema de protección social.

Esta es una materia en la que cada partido político, lógicamente, tendrá sus planteamientos, consecuencia de sus opciones ideológicas, de sus prioridades para el gasto público, de su concepción de la justicia social y de la solidaridad, etcétera. Pero esos planteamientos tienen su ámbito específico de desarrollo en las propuestas electorales, en los debates parlamentarios, etcétera. En ningún caso deben propiciar una "subasta" a ver quién es capaz de ofrecer más, o de poner en dificultades al adversario ofreciendo más, en la carrera hacia el poder.

Es preciso, además, un amplio debate social sobre estas cuestiones y una participación decisoria en las mismas de los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales. Es el conjunto de la sociedad el que tiene que decidir qué esfuerzo contributivo quiere o está dispuesto a realizar —vía cotizaciones sociales o vía impuestos— para mantener la solidaridad intergeneracional que un sistema público de pensiones basado en el reparto presupone.

No es hora, pues, de demagogias. Es hora de reflexión serena, de debates, de búsqueda de acuerdos que permitan que las decisiones que se tomen en este terreno tan complejo y tan delicado, gocen de una amplia aceptación social y no pongan en peligro la viabilidad a medio y largo plazo del conjunto del sistema de protección social.

Dicho todo lo cual, hay también que decir que después de unos años que han sentado las bases de un crecimiento económico sano y previsiblemente duradero (aunque queden asignaturas pendientes), es la hora de una mayor justicia social. Es decir, de una mayor participación de los sectores más desfavorecidos o desprotegidos de la sociedad en la riqueza que se está creando. Y ahí debe entrar en juego la responsabilidad del Estado y de su política redistributiva; pudiendo y debiendo exigirse una mayor atención a los sectores más desfavorecidos (atención concretada, entre otras cosas, en el aumento de la cuantía mínima de las pensiones).

Lo que ocurre es que el camino para ello no son los más o menos audaces golpes de mano, ni la asunción de responsabilidades que no les corresponden por municipios y comunidades autónomas, sino las medidas legislativas y presupuestarias que el Gobierno —éste o cualquier otro—debe adoptar para dar respuesta a lo que debe ser una exigencia social y una reclamación ineludible de todos los que pensamos que nuestra sociedad debe ser más rica y más desarrollada, pero también más justa y más solidaria.

Federico Durán López es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y presidente del Consejo Económico y Social (CES).