La oficialidad de las lenguas en España

Pasqual Maragall (vd. EL PAIS del 7 de julio de 1999) acaba de afirmar en Bruselas que el reconocimiento de la oficialidad de las lenguas autonómicas en todo el Estado (actualmente, sólo lo son en sus respectivas comunidades autónomas, excepción hecha del castellano que lo es de todo el territorio español) es un objetivo no sólo loable sino imprescindible para superar reticencias y complejos en el mapa pluricultural y autonómico español. El político catalán matiza que "no se trata de obligar a los estudiantes de Almería a que aprendan catalán" sino que las lenguas propias de aquellas comunidad...

Pasqual Maragall (vd. EL PAIS del 7 de julio de 1999) acaba de afirmar en Bruselas que el reconocimiento de la oficialidad de las lenguas autonómicas en todo el Estado (actualmente, sólo lo son en sus respectivas comunidades autónomas, excepción hecha del castellano que lo es de todo el territorio español) es un objetivo no sólo loable sino imprescindible para superar reticencias y complejos en el mapa pluricultural y autonómico español. El político catalán matiza que "no se trata de obligar a los estudiantes de Almería a que aprendan catalán" sino que las lenguas propias de aquellas comunidades tengan la consideración de bien cultural y lingüístico en todo el Estado y como tales su presencia y validez en instituciones y documentación. Sin duda la propuesta de Maragall, además de su indiscutible entidad como objetivo lingüístico, ofrece aspectos enriquecedores en una nueva lectura de la realidad autonómica española. Y también en el encaje con Europa. Por ejemplo: la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales excluye de tal consideración aquellas que son oficiales en un estado. ¿Son el vasco o el gallego, oficiales en una parte del Estado español, lenguas minoritarias o regionales y por tanto factible su inclusión en la Carta? Si respondemos negativamente dada su oficialidad, en parte al menos del territorio, cabe deducir que con la Carta Europea en la mano estas lenguas adquieren un rango de oficialidad, por tanto de posición jurídica, muy superior a la de las lenguas minorizadas (en España, y de acuerdo con la propia formulación de los respectivos estatutos de autonomía, podríamos considerar como tales lenguas como el aranés, el bable, el altoaragonés, etc..., pero no evidentemente a las que han sido declaradas oficiales y propias en su estatuto). Si nos decantásemos por la opción de incluir al catalán, gallego o vasco en el grupo de lenguas minoritarias la confusión jurídica y política podría ser de magnitudes peligrosísimas. Pues, de algún modo, al no reconocer la oficialidad de la lengua introduciríamos un elemento de trascendencia política: ¿los territorios donde la (las) lengua (s) es oficial no son Estado? Téngase en cuenta que la Carta Europea no afirma que la oficialidad deba serlo en todo el territorio de un estado, sólo habla de oficialidad en el Estado. Así pues, la dimensión de la proposición maragalliana podría no sólo ser contemplada desde una vertiente interna sino clarificar un espacio (el del contexto lingüístico español en Europa) que actualmente es propicio a generar dudas y ambigüedades. Pero aún siendo importante lo anterior, lo más trascendente de la palabras de Maragall, a mi entender, es la superación de una injusta política lingüística que se aprecia contemplando el territorio español en conjunto. Y no me refiero, por obvio, a la necesaria consideración de bien cultural (la Constitución dixit) de la que deben gozar esas lenguas por parte de una Administración central que a menudo las considera mucho más un quebradero de cabeza, cuya mejor solución sería su desaparición, que una identidad esencial en el proceso conformador de un país. Me refiero singularmente a la injusticia cometida con los ciudadanos de los territorios o comunidades sin lengua propia que aspiran, legítimamente, al acceso laboral, administrativo o social en comunidades con lengua específica. ¿Por qué un ciudadano de Badajoz ha de partir en inferioridad de condiciones (o no partir, a menudo) en las pruebas para conseguir un lugar de trabajo en las administraciones catalana, gallega o valenciana? No, no vale, evidentemente, suprimir el requisito de conocimiento de la lengua propia del territorio porque en ese supuesto atacaríamos un derecho trascendental: el de los ciudadanos a ser atendidos y considerados en su propia lengua. La oferta de enseñanza y promoción de las distintas lenguas autonómicas en todo el territorio español (no debemos olvidar el mandato constitucional que hay que considerar obligatorio para la administración central) permitiría un grado de conocimiento, al menos posibilidad de conocimiento, superador del déficit que en estos momentos tienen los ciudadanos en función de la comunidad en la que residen. El acceso a un puesto de trabajo, el conocimiento de otra realidad cultural o la consideración social en otro territorio no sería, como ahora, objeto de desigualdad por el origen si no espacio de mejor y más fácil convivencia y estima en la diversidad.

Jesús Huguet es ex director general de Política Lingüística.