Concesiones económicas, un juez y cargos financieros en la oferta del PP
El PP, cuando negoció la semana pasada en vano un acuerdo con Unió Mallorquina (UM), prometió a los dirigentes mallorquinistas numerosos cargos institucionales, políticos y puestos ejecutivos y de consejeros en instituciones financieras de control público (Transmediterránea, Endesa-Gesa, Caixa de Baleares-Sa Nostra), así como la designación casi directa de un juez que entiende de las causas de aforados. Una de las múltiples compensaciones que el PP puso en manos de UM fue el poder determinar quién sería el magistrado electo por el Parlamento para la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Ju...
El PP, cuando negoció la semana pasada en vano un acuerdo con Unió Mallorquina (UM), prometió a los dirigentes mallorquinistas numerosos cargos institucionales, políticos y puestos ejecutivos y de consejeros en instituciones financieras de control público (Transmediterránea, Endesa-Gesa, Caixa de Baleares-Sa Nostra), así como la designación casi directa de un juez que entiende de las causas de aforados. Una de las múltiples compensaciones que el PP puso en manos de UM fue el poder determinar quién sería el magistrado electo por el Parlamento para la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que investiga y juzga a aforados. El puesto está vacante tras la jubilación del juez Rafael Perera, abogado de Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares, del PP, en el juicio del caso Sóller. En el marco del proyecto escrito de pacto planteado por el PP, entre grandes concesiones competenciales y económicas, figuraba también una transformación casi confederal de la autonomía de las Baleares, dando prevalencia política a los consejos insulares sobre un actualmente potente Gobierno balear. En el caso que UM hubiera aceptado votar a Jaume Matas, del PP, para renovar su presidencia de Baleares, el Gobierno central, habría suscrito el compromiso de traspasar 100.000 millones de pesetas en cuatro años como financiación adicional, y asumido el reconocimiento futuro del archipiélago como nacionalidad histórica. Estas dos promesas del Gobierno y del PP -que se pretendió que no trascendieran y por ello no figuran en los documentos de la negociación- las habría adquirido personalmente el secretario general del partido, Javier Arenas, que el pasado viernes tenía que viajar a Palma adrede.
La reforma interna del esquema autonómico que el PP diseñó en sus encuentros con UM, y por la que también apuestan los nacionalistas y la izquierda, transformaría a los Consejos insulares en ejecutivos con autonomía, suficiencia financiera y competencias exclusivas, en detrimento del Gobierno balear.
El PP con el apoyo de UM sólo habría mantenido la presidencia de ese Ejecutivo; el Consell de Menorca tendrá en todo caso la presidencia del PSOE; Ibiza y Formentera, del Pacto de izquierdas y UM se reserva Mallorca.