Juicio a una mafia que prostituía húngaras en Valencia

El método era el clásico, y la procedencia de los supuestos delincuentes, la normal en estos casos, el este de Europa. El fiscal solicitó ayer, en el inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, penas que oscilan entre los 12 y los tres años de prisión para tres ciudadanos húngaros y uno español, acusados de prostituir en Valencia a un número indeterminado de mujeres de aquel país que venían a España seducidas por las posibilidades de un futuro mejor. Los procesados negaron los hechos. Edhit H., de 23 años, era la mujer que, siempre según el ministerio público, convencía a sus com...

El método era el clásico, y la procedencia de los supuestos delincuentes, la normal en estos casos, el este de Europa. El fiscal solicitó ayer, en el inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, penas que oscilan entre los 12 y los tres años de prisión para tres ciudadanos húngaros y uno español, acusados de prostituir en Valencia a un número indeterminado de mujeres de aquel país que venían a España seducidas por las posibilidades de un futuro mejor. Los procesados negaron los hechos. Edhit H., de 23 años, era la mujer que, siempre según el ministerio público, convencía a sus compatriotas para que dejaran su país y acudieran a Valencia poco menos que a enriquecerse. Allí convivía con ellas y las controlaba, según el fiscal; simplemente vivía con las que "eran mis amigas", declaró ella. Edhit H. negó que agrediera a ninguna de las mujeres prostituidas, aseguró que los nombres de chicas y las cantidades que aparecían en su agenda personal no tenían ninguna relación con la prostitución y limitó sus vínculos económicos con las denunciantes al dinero que prestó a dos de ellas para que compraran sendos billetes de avión. No supo explicar porqué varias compatriotas le conceden un papel central en la supuesta trama delictiva. El ministerio público pide tres años de cárcel para ella por un delito de inducción a la prostitución. Idéntica pena solicita para Gabor H. y Santiago C.. El primero compartía responsabilidades con sus compatriotas, mientras que el último, ciudadano español, es el propietario de algunos de los locales de alterne en los que se forzaba a las chicas a trabajar. Bela N. se enfrenta a la posibilidad de sufrir una más larga estancia en la cárcel, hasta 12 años. En su caso, el fiscal cree que puede probar que, además de forzar a las mujeres a alternar, agredía e incluso torturaba a las jóvenes que se resistían a ser explotadas, la última estrategia a la que recurría la banda para evitar la fuga de sus trabajadoras. Éstas eran obligadas a entregar parte de sus ganancias a la red, en concepto de tutelaje y mantenimiento, y su retorno a Hungría era frustrado con la violencia directa o las amenazas referentes a la integridad de sus familias. El grupo mafioso llegó a vender a otra organización una de sus mujeres por 600.000 pesetas.