Déficit fiscal y financiación autonómica: no es lo mismo ALEJANDRO ESTRUCH MANJÓN
La sucesión en pocos meses de diversos procesos electorales ha reavivado la polémica sobre el déficit fiscal de Cataluña y la financiación de la Generalitat, con campaña institucional incluida en la que de nuevo se han mezclado churras con merinas, sembrando la confusión entre los ciudadanos. Porque, como se verá, introducir en el mismo debate ambas cuestiones sería un error conceptual imperdonable si no fuera porque hay motivos razonables para creer que es una deformación interesada. ¿Qué es el déficit fiscal de Cataluña? Sencillamente, la diferencia entre los impuestos que los catalanes pag...
La sucesión en pocos meses de diversos procesos electorales ha reavivado la polémica sobre el déficit fiscal de Cataluña y la financiación de la Generalitat, con campaña institucional incluida en la que de nuevo se han mezclado churras con merinas, sembrando la confusión entre los ciudadanos. Porque, como se verá, introducir en el mismo debate ambas cuestiones sería un error conceptual imperdonable si no fuera porque hay motivos razonables para creer que es una deformación interesada. ¿Qué es el déficit fiscal de Cataluña? Sencillamente, la diferencia entre los impuestos que los catalanes pagamos al Estado y el gasto público de que nos beneficiamos. El saldo fiscal depende de dos factores. Los niveles de renta y actividad económica de cada comunidad autónoma con respecto al promedio determinan, en función de la progresividad del sistema tributario, si la recaudación en esa comunidad es superior, igual o inferior al peso que su población representa en el conjunto; al tener Cataluña niveles de vida superiores a la media nacional, el porcentaje de recaudación en Cataluña es mayor que el de población, porque muchos catalanes tributamos por encima de la media española. Por el contrario, el gasto público debe depender de algún criterio de necesidad, que para simplificar y como se hace en otros países podría ser la población; como Cataluña tiene el 15,4% de la población de España, el Estado debería destinar a prestar servicios a los catalanes un 15,4% del total del gasto. Así pues, el déficit fiscal de Cataluña es el resultado de restar dos cifras obtenidas por caminos muy diferentes: como pagos, los impuestos que los catalanes (y no Cataluña, como alguien quiere hacernos creer) pagamos al Estado, superiores a la media porque también lo es nuestra capacidad económica; como ingresos, los gastos del Estado en prestación de servicios a los ciudadanos de Cataluña, que deberían corresponderse, en porcentaje, con la población u otra medida de la necesidad. Lo mismo ocurre con usted, lector con ingresos por encima de la media o sin hijos en edad escolar, que paga al Estado más de lo que recibe de él, sólo para que usted otro, lector con ingresos por debajo de la media o hijos en edad escolar, pueda pagar al Estado menos de lo que éste le da. Los sistemas tributarios que funcionan así sirven, entre otras cosas, para reducir la desigualdad entre personas y entre territorios. Es lícito reclamar que se reduzca el déficit fiscal de Cataluña, pero entonces hay que reconocer que se rechaza contribuir a mejorar el bienestar de otros ciudadanos, igual que algunos contribuyentes con déficit fiscal individual se preguntan -la frecuencia creciente es preocupante- por qué han de pagar la educación o la sanidad de las familias menos adineradas. Un segundo concepto, relacionado en parte con el anterior, es el de déficit de prestaciones. Si la población de Cataluña es el 15,4% del total nacional, el Estado debería destinar a Cataluña el 15,4% del gasto. ¿Cuál es la situación? Los estudios más serios y recientes indican que el gasto del Estado en prestar servicios a los catalanes es el 15,3% del total. Pues bien, esa décima (que sin duda representa una cantidad