Arde el lino
EL NUEVO incendio, segundo en un mes, en una industria transformadora de lino propiedad de la familia del dimitido presidente del Fondo de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, añade más misterio a la candente cuestión del cultivo del lino en España. Después de que el mes pasado se divulgara que altos cargos de la Administración perciben desde 1996 ayudas millonarias de la UE para cultivar lino y cáñamo, pese a la poca demanda de estos productos, Castilla-La Mancha ha iniciado una investigación para detectar eventuales irregularidades. La propia UE anunció hace unos días una inspección espe...
EL NUEVO incendio, segundo en un mes, en una industria transformadora de lino propiedad de la familia del dimitido presidente del Fondo de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, añade más misterio a la candente cuestión del cultivo del lino en España. Después de que el mes pasado se divulgara que altos cargos de la Administración perciben desde 1996 ayudas millonarias de la UE para cultivar lino y cáñamo, pese a la poca demanda de estos productos, Castilla-La Mancha ha iniciado una investigación para detectar eventuales irregularidades. La propia UE anunció hace unos días una inspección especial sobre el cultivo del lino en España.La superficie de este cultivo en nuestro país, que carece de mercado, se ha multiplicado en la misma proporción que las subvenciones. En cinco años ha pasado de menos de 200 hectáreas a más de 91.000, y las ayudas comunitarias, de 23 millones a 10.000. El PSOE ha llegado a hablar de una red mafiosa a la caza de subvenciones, que suponen una media de 115.000 pesetas por hectárea cultivada. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha se refería este mes al "incendio providencial" que resuelve el problema de espacio en las industrias transformadoras.
Puede ser una coincidencia que cuatro altos cargos vinculados al PP (Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; el dimitido López de Coca; el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez, y el responsable financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz), compatibilicen sus responsabilidades públicas con el cultivo de lino, por sí o a través de familiares, y que hayan recibido, directa o indirectamente, subvenciones millonarias. Pero en los sistemas democráticos debe hacerse la luz sobre las coincidencias exageradas. Más aún si vienen reforzadas por el hecho de que el incendio del citado almacén no sea el primero, y de que siniestros de características similares hayan ocurrido antes: el año pasado ardió una fabrica en Almoguera (Guadalajara) propiedad de Gonzalo Ruiz, y otra en Almazán (Soria). El más elemental sentido común exige luz y taquígrafos. Y sería deseable, para evitar posibles suspicacias políticas, que el Ministerio de Agricultura reforzase a escala nacional la inspección anunciada por la UE. Y ya que Loyola de Palacio, cabeza de lista del PP a las europeas, ha dejado el departamento de Agricultura sin dar explicación alguna de estas aparentes irregularidades en el sector, le corresponde al Gobierno dar la respuesta pública y adecuada a las dudas ciudadanas.