El Gobierno oculta los resultados de su modelo de financiación autonómica
El Gobierno ha ocultado los resultados del nuevo y polémico modelo de financiación autonómica, recogidos en la liquidación del año 1997. Según acordó en 1996 el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la liquidación de cada año debía conocerse al siguiente. El primer resultado del nuevo modelo, la liquidación de 1997, debía conocerse en 1998. El portavoz del PSOE, Octavio Granados, acusó ayer al Gobierno de ocultarlo e "incumplir la ley" porque "dicha liquidación mostraría su fracaso" justo antes de las elecciones autonómicas.
La proximidad de las elecciones autonómicas y la rev...
El Gobierno ha ocultado los resultados del nuevo y polémico modelo de financiación autonómica, recogidos en la liquidación del año 1997. Según acordó en 1996 el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la liquidación de cada año debía conocerse al siguiente. El primer resultado del nuevo modelo, la liquidación de 1997, debía conocerse en 1998. El portavoz del PSOE, Octavio Granados, acusó ayer al Gobierno de ocultarlo e "incumplir la ley" porque "dicha liquidación mostraría su fracaso" justo antes de las elecciones autonómicas.
La proximidad de las elecciones autonómicas y la revisión efectuada por la dirección del PP sobre el modelo de financiación, pactado en 1996 con CiU, provocaron ayer una considerable expectación ante la interpelación que el PSOE dirigió al Gobierno en el Senado sobre dicho modelo, caracterizado por la cesión a las comunidades del 30% del IRPF. Los socialistas aprovecharon la sesión del pleno para denunciar el "fracaso" del modelo, tal y como auguraron en 1996 cuando todas las comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- lo rechazaron.Granados subrayó que incluso un presidente autonómico relevante del PP, como el valenciano Eduardo Zaplana, y la propia dirección del partido del Gobierno, el pasado lunes, habían revisado sus posiciones y aceptado el modelo alternativo propuesto por los socialistas en 1996: la cesión de una cesta de impuestos, incluidos los especiales. El portavoz socialista insistió en que su partido ya había advertido que hacer pivotar la descentralización de la financiación autonómica en un solo impuesto, y además a la baja como el IRPF, era un "fracaso anticipado".
Pero el portavoz socialista fue aún más lejos y denunció al Gobierno por "incumplir la legalidad". Según recordó, el acuerdo de 1996 del CPFF -organismo en el que confluyen las representaciones del Ejecutivo y las comunidades autónomas- decidió que la liquidación de cada año se debía conocer al siguiente, según recoge su epígrafe 3.8. Granados insistió en que había solicitado reiteradamente, desde primeros de año, la liquidación de 1997 -la primera que ofrece resultados sobre el nuevo y polémico modelo de financiación- con resultados negativos. "La liquidación del primer ejercicio del nuevo sistema de financiación es del año 1997 que, por imperativo legal, debió haberse realizado en el ejercicio de 1998. No solamente no se realiza en 1998 sino que se hurta a esta Cámara", dijo.
Para Granados, la negativa del Gobierno a entregar la liquidación de 1997 se debe "sencillamente a que el día 13 de junio hay elecciones autonómicas en muchas comunidades autónomas, y, a lo mejor, para muchos presidentes autonómicos sería un trago de muy difícil lectura tener que reconocer que pactaron un sistema que les era enormemente perjudicial".
Posteriormente, el portavoz socialista precisó que, a su juicio, varias comunidades, entre ellas Cataluña, tendrían que devolver dinero al Gobierno como consecuencia del fracaso del nuevo modelo. El desarrollo del mismo ha implicado, según Granados, que el Gobierno desembolsó sus entregas a cuenta a las comunidades, con un crecimiento del 6%, correspondiente al PIB, mientras que éstas han recaudado un IRPF con un crecimiento de tan sólo el 1%.
El portavoz socialista denunció, por esta misma razón, la falta de transparencia del Gobierno en esta materia al negarse a constituir la ponencia de financiación autonómica en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, así como todas las peticiones de comparecencias en la citada comisión.
El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, eludió, en su respuesta, la exigencia de Granados del cumplimiento de la legalidad -establecida en el acuerdo del CPFF de 1996- y se atrincheró en que los gobiernos socialistas también se retrasaron dos años en publicar las liquidaciones en materia de financiación. Acebes tampoco explicó las razones del giro que el PP ha dado en materia de financiación autonómica y menos aún reconoció que hubiera fracasado el modelo. Se limitó a señalar que en el año 2001, cuando caduque el actual, se acordará uno nuevo que será "una evolución del actual".
El titular de Administraciones Públicas sí aprovechó su réplica a Granados para lanzar un ataque al PSOE porque "no tiene definido su modelo de financiación". Como muestra de ello citó que los socialistas catalanes y andaluces saludaron favorablemente la reciente propuesta autonómica del presidente valenciano, el popular Eduardo Zaplana, mientras que el presidente socialista extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo rechazó.