Los ex altos cargos deberán aclarar el origen de 468 millones

En primera instancia, la declaración hoy en la Audiencia Nacional de los dos ex altos cargos de Hacienda José María Huguet y Ernesto de Aguiar pretende aclarar qué papel pudieron jugar en la descapitalización del Grupo Torras, pues los 468 millones de pesetas que ambos han reconocido haber ocultado al fisco procedían, en última instancia, de la caja de la empresa del grupo KIO.Por este motivo deberán explicarse primero ante la juez Teresa Palacios, que es la que entiende de este caso.

La estrategia de los dos imputados es la de reconocer exclusivamente un delito fiscal al no haber decla...

En primera instancia, la declaración hoy en la Audiencia Nacional de los dos ex altos cargos de Hacienda José María Huguet y Ernesto de Aguiar pretende aclarar qué papel pudieron jugar en la descapitalización del Grupo Torras, pues los 468 millones de pesetas que ambos han reconocido haber ocultado al fisco procedían, en última instancia, de la caja de la empresa del grupo KIO.Por este motivo deberán explicarse primero ante la juez Teresa Palacios, que es la que entiende de este caso.

La estrategia de los dos imputados es la de reconocer exclusivamente un delito fiscal al no haber declarado lo que ellos consideran beneficios bursátiles obtenidos entre 1985 y 1990. De ser así, estos supuestos delitos estarían prescritos y no debería hablarse más del asunto.

La Fiscalía Anticorrupción, además de haber solicitado la imputación de ambos ex altos cargos en la Audiencia Nacional, ha abierto su propia investigación a fin de saber si los pagos en Suiza pudieron estar relacionados con decisiones tomadas por Huguet y De Aguiar en el ejercicio de sus funciones como funcionarios públicos. Por eso, ha pedido la imputación también por el posible delito de cohecho.

Delitos fiscales

Para que esa vía prospere, debería detectarse alguna resolución que apuntara en el sentido de que ambos dieron por buenas inspecciones que, de haberse realizado correctamente, deberían haber puesto de manifiesto diversos delitos fiscales.En suma, se trataría de una posible falsedad documental para encubrir un delito, por lo que el plazo de prescripción se alargaría de los cinco años que regían en el momento de los hechos, en el caso del delito fiscal, a los diez que regían para el cohecho.

De ahí la importancia de las actas de inspección solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción a Hacienda, y de la propia investigación que ésta última está realizando de las actuaciones de esa época relacionadas con las empresas de Torras y las de sus principales gestores.

En este caso, la investigación seguiría un curso independiente del propio caso Torras y se convertiría en una nueva causa que podría tramitar otro juzgado. El último frente abierto, la denuncia contra el inspector regional Álvaro Pernas por tres presuntos delitos de intento de cohecho, y que se está investigando en Barcelona, también podrían acabar teniendo relación con este último expediente. Es algo que deberá aclararse en el curso de las últimas semanas.