La Cope acusa a la Generalitat de atentar contra la libertad de expresión por quitarle tres emisoras
El resultado del concurso de la Generalitat para la adjudicación de 33 emisoras de radio provocó ayer duras reacciones, tanto en el sector radiofónico como en el político. La cadena COPE, a la que el Gobierno catalán le ha retirado tres licencias, aseguró que la medida "es una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión". La oposición política, al conocer que la mayoría de las emisoras se han otorgado al Grupo Godó y a Ona Catalana (impulsada por periodistas vinculados a la Generalitat y empresarios), acusó al Ejecutivo de Pujol de beneficiar a medios afines.
El Grupo God...
El resultado del concurso de la Generalitat para la adjudicación de 33 emisoras de radio provocó ayer duras reacciones, tanto en el sector radiofónico como en el político. La cadena COPE, a la que el Gobierno catalán le ha retirado tres licencias, aseguró que la medida "es una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión". La oposición política, al conocer que la mayoría de las emisoras se han otorgado al Grupo Godó y a Ona Catalana (impulsada por periodistas vinculados a la Generalitat y empresarios), acusó al Ejecutivo de Pujol de beneficiar a medios afines.
El Grupo Godó, con 10 licencias -dos de ellas a Ràdio Associació de Catalunya, empresa con la que Godó está asociado- y Ona Catalana, con siete, son las empresas a las que el Gobierno de la Generalitat, de Convergència i Unió (CiU), ha concedido el principal paquete de licencias.Además de las 22 nuevas emisoras adjudicadas, la Generalitat ha sometido a renovación otras 16 frecuencias ya existentes, de las cuales ha resuelto once. De ellas, ha revocado tres emisoras de la Cope, situadas en Barcelona, Tarragona y Manresa; una de Onda Cero, en Tortosa; y otra de Cadena Musical, a la que tampoco se renueva la de Girona. A la Cope le queda otra emisora en Barcelona, cuya licencia es una de las seis en proceso de renovación. La retirada de tres frecuencias a la Cope coincide con la atribución de dos emisoras a Ràdio Estel, propiedad de los obispos catalanes.
La Cope no tardó en reaccionar a la confirmación de la noticia. Difundió un comunicado en el que asegura que la medida "es una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión", y enfatiza que "no tiene precedente en nuestro país", al tiempo que anuncia un recurso contra ella.
La Cope recuerda que las tres licencias revocadas son de titularidad de Radio 13, que la Cope adquirió a la Fundación Catalana de Comunicación, "entidad vinculada a Convergència, el partido que ostenta el Gobierno". "Esta operación", prosigue la nota, "provocó en su día un grave quebranto patrimonial a la cadena Cope, debido a los reiterados incumplimientos de los compromisos adquiridos por el vendedor, y afloró una gestión poco transparente y una instrumentalización de dicha entidad en controvertidas operaciones de financiación del partido político al que estaba vinculada".
El consejero de la Presidencia, Xavier Trias, admitió que la decisión de no renovar licencias carece de precedentes. Pero la justificó porque dichas empresas no habían alcanzado la puntuación necesaria de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria del concurso. Dichos criterios son, entre otros, el fomento de la cultura y la lengua catalana, la voluntad de formar una cadena de ámbito catalán y emitir más del 50% de la programación en catalán.
Trias insinuó que la adjudicación ha sido difícil y reveló que se había tomado una decisión antes de lo previsto, porque la incertidumbre en el sector "empezaba a generar mucha tensión".
Aparte del Grupo Godó y Ona Catalana, han recibido licencias el Grupo Zeta (3), que solicitaba 39; Flash FM (1), y la empresa del presentador andaluz Justo Molinero (1).
Otra empresa radiofónica, COMRàdio, -vinculada a la Diputación de Barcelona, donde tienen mayoría el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya (IC)-, arremetió asimismo contra la decisión de la Generalitat. Su consejero delegado, Jordi Llonch, deploró que el Gobierno de Jordi Pujol no haya empleado la misma vara de medir para valorar los méritos de los aspirantes.
En cuanto a los políticos, el PSC e IC coincidieron en calificar el reparto de "totalmente discrecional" y culparon a los nacionalistas de crear una Corporación Catalana de Radio y Televisión paralela a la pública para disponer así de una plataforma de comunicación afín a sus intereses, en el caso de que CiU pierda las elecciones autonómicas. "No apreciamos un criterio objetivo en el reparto de las concesiones, parece como si se hubiera primado la proximidad ideológica al régimen", señaló Josep Maria Carbonell, diputado del PSC.
Jordi Guillot, portavoz de IC, dijo: "Aparecen, una vez más, colaboradores de los medios de la Generalitat, Catalunya Ràdio y TV-3, y Justo Molinero [propietario de Radio Teletaxi], un gran defensor de la causa catalana", manifestó.
Desde las filas independentistas, el vicesecretario de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, tan solo lamentó que la Generalitat haya repartido las licencias entre grupos de comunicación consolidados y no se haya beneficiado a proyectos locales y comarcales.
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