La Audiencia Nacional paraliza las obras de la presa de Ureña
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que ordena la suspensión de las obras de construcción de la presa de Ureña en el río Águeda, cerca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) por motivos medioambientales. El auto, recurrible ante la propia sala, acepta el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de octubre de 1996 para construir la presa, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa Agromán por 7.000 millones de pesetas.
Alega en sus fundamentos que aunque la construcción del diqu...
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que ordena la suspensión de las obras de construcción de la presa de Ureña en el río Águeda, cerca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) por motivos medioambientales. El auto, recurrible ante la propia sala, acepta el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de octubre de 1996 para construir la presa, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa Agromán por 7.000 millones de pesetas.
Alega en sus fundamentos que aunque la construcción del dique está iniciada, se deduce que el proyecto afecta a diversos bienes de especial relevancia medioambiental. Esos bienes serían, según la Audiencia, "unos 27 kilómetros de bosques de galería o ribera, 97 hectáreas de robledales, 279 de rebollar adehesado y 9 de pinar alto, bienes todos ellos que resultarían destruidos de efectuarse el llenado del embalse previa deforestación del vaso".
Por ello suspende la ejecución del proyecto de la presa, "sin que pueda realizarse tarea constructiva alguna de alteración de la configuración física de esos parajes, bien sea por deforestación o de llenado del embalse o la construcción del dique, pues de alterarse esa realidad o destruirse es claro que la finalidad de una posible sentencia estimatoria quedaría anulada".
El fallo es el primero de estas características que se emite al amparo de la nueva Ley de lo Contencioso-Administrativo que entró en vigor el año pasado y el único que ha ordenado paralizar una presa, sin pedir fianza, según Ecologistas en Acción. En el caso de Itoiz los tribunales declararon ilegales las obras y exigieron a los recurrentes más de 12.000 millones de pesetas de fianza.
Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción mostró ayer su satisfacción por este auto porque "abre un abanico de posibilidades para defender los valores naturales". Según Martín Barajas, la presa se justificó para hacer unos regadíos hoy desechados y después para proteger de inundaciones Ciudad Rodrigo.
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