El PP ve frustrada su reforma del Código por ausencia de diputados

Perdió la votación porque no acudieron 13 parlamentarios populares

Las medidas legales previstas por el Gobierno para luchar contra los malos tratos no superaron ayer el muro del Congreso. Y no lo hicieron por la ausencia de 13 diputados del Partido Popular (PP) y por la abstención del PSOE, Coalición Canaria y el Grupo Mixto. La reforma del Código Penal de 1995 no fue además tan profunda como deseaba el PP: perdió por el camino parlamentario sus aspectos más polémicos, como prohibir las relaciones sexuales con menores de 15 años, pero recuperó el delito de corrupción de menores.

La pornografía infantil y las ausencias provocaron el rechazo de parte de...

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Las medidas legales previstas por el Gobierno para luchar contra los malos tratos no superaron ayer el muro del Congreso. Y no lo hicieron por la ausencia de 13 diputados del Partido Popular (PP) y por la abstención del PSOE, Coalición Canaria y el Grupo Mixto. La reforma del Código Penal de 1995 no fue además tan profunda como deseaba el PP: perdió por el camino parlamentario sus aspectos más polémicos, como prohibir las relaciones sexuales con menores de 15 años, pero recuperó el delito de corrupción de menores.

La pornografía infantil y las ausencias provocaron el rechazo de parte de la reforma impulsada por el PP. Para ser completa, ésta exigía que 175 diputados apretaran el botón del sí. Pero 13 escaños del PP permanecieron vacíos; entre ellos, el del presidente del Gobierno, José María Aznar. Con haberse asegurado sólo siete de estos votos, la reforma del Código Penal, apoyada también por CiU, PNV e Izquierda Unida (IU), habría superado el trámite definitivo, ya que cosechó 169 votos. Este "liviano problema de intendencia", como lo calificó el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, se vio reforzado por la abstención de Coalición Canaria, socio del Gobierno, el PSOE y el Grupo Mixto, que no admitieron la propuesta de castigar el consumo de pornografía infantil con penas similares a la producción y distribución de este material (de seis meses a dos años), algo que es "un disparate" para la socialista María Teresa Fernández de la Vega, que era secretaria de Estado de Justicia en 1995.

Incluso IU criticó este aspecto, porque supone "un exceso de moralina". Su portavoz, Pablo Castellano, justificó la actitud de IU por la demanda social de muchas de las medidas que ahora se han quedado fuera.

El PP introdujo la propuesta sobre pornografía infantil en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Pero el resultado de ayer deja el texto tal y como salió de la primera votación del Congreso, antes de pasar por el Senado. Quedan fuera incluso aquellas enmiendas que fueron consensuadas por todos los grupos en la Cámara alta. Entre ellas está la batería de propuestas dirigidas a combatir la violencia doméstica diseñadas por el Ministerio de Justicia y que forman parte del plan de acción del Gobierno sobre el problema, aprobado en abril del año pasado. La violencia psíquica, por ejemplo, no será delito de momento. Pero además queda sin definir la "habitualidad" que exigen los tribunales para castigar con la cárcel esta conducta.

El Senado había delimitado este concepto como "el número de actos de violencia que resulten acreditados, así como la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que la violencia se haya ejercido sobre la misma víctima o diferentes" y hayan sido juzgados o no.

Otras reformas en materia de malos tratos que tampoco se materializaron ayer fueron la posibilidad de que el juez ordene al agresor que no se acerque a la víctima y que tenga en cuenta la repercusión que un castigo económico puede tener sobre ésta.

No sólo se quedaron en el camino las propuestas relativas a la violencia doméstica. Tampoco salieron adelante las relativas a los menores que deben testificar en un juicio. No habrá, por el momento, biombos que les protejan y podrán ser sometidos a careos, por ejemplo.

Que estas propuestas no fueran aprobadas ayer no quiere decir que no lo sean en el futuro. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que no es diputada y, por tanto, no votó, aseguró ayer que esta reforma "se hará", porque es "muy necesaria", informa Efe. Y tomó nota el Grupo Socialista, que solicitó formalmente que estas proposiciones fueran tramitadas de nuevo a través de un procedimiento excepcional y sin pasar por el Senado, ya que están consensuadas y han sido "suficientemente debatidas". La propuesta va firmada también por IU y el PNV.

Hasta que esto se produzca, las novedades del Código Penal se limitarán al texto aprobado ayer, que devuelve al grupo de conductas delictivas la corrupción de menores, castigada con penas de uno a tres años de cárcel. Además eleva hasta los 13 años el momento en que se considera a un menor capacitado para mantener relaciones sexuales consentidas.

Edades a la baja

Cuando el PP presentó su propuesta de reforma del Código Penal en 1997, la oposición se llevó las manos a la cabeza. Medidas como recuperar el delito de corrupción de menores o establecer la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas en 15 años, un año más que el exigido para contraer matrimonio, fueron duramente criticadas tanto por el PSOE como por Izquierda Unida. Esa edad mínima ha ido bajando según avanzaba la andadura parlamentaria del proyecto. Y ayer, en la votación definitiva, quedó establecida en 13 años. "Las partes más desastrosas se han ido limando", reconoció la diputada socialista Carmen del Campo.

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