Urbanismo tardó 11 meses en inspeccionar el inmueble que se desplomó en Sevilla pese a su estado ruinoso
La Gerencia de Urbanismo de Sevilla tardó 11 meses en inspeccionar el estado del inmueble de la calle Bustos Tavera, contados desde que las arquitectas encargadas de la rehabilitación notificaron por escrito el riesgo que presentaba el número 35 del edificio. En un escrito del 17 de diciembre de 1997, desaconsejaban apuntalar la vivienda, como había solicitado el Ayuntamiento, advertían del riesgo de desplome de la fachada "si se produce la caída de la primera crujía, como parece inminente" y pedían otra visita técnica para "determinar una nueva forma de intervención". Esta inspección, según e...
La Gerencia de Urbanismo de Sevilla tardó 11 meses en inspeccionar el estado del inmueble de la calle Bustos Tavera, contados desde que las arquitectas encargadas de la rehabilitación notificaron por escrito el riesgo que presentaba el número 35 del edificio. En un escrito del 17 de diciembre de 1997, desaconsejaban apuntalar la vivienda, como había solicitado el Ayuntamiento, advertían del riesgo de desplome de la fachada "si se produce la caída de la primera crujía, como parece inminente" y pedían otra visita técnica para "determinar una nueva forma de intervención". Esta inspección, según el portavoz del PSOE, Carmelo Gómez, se produjo el 10 de noviembre de 1998. "Demuestra una clara negligencia de la Gerencia, parece lógico que debería haber enviado inmediatamente al técnico", comentó. El informe del funcionario sostiene que son innecesarias otras medidas técnicas "habiéndose demolido completamente las zonas que revestían peligro". Esto, a juicio del portavoz municipal de IU, Luis Pizarro, denota que la promotora "había demolido la primera crujía del número 35, que se habría quedado sólo con la fachada". Pizarro considera "incomprensible" que la Gerencia no adoptase alguna medida ante una intervención "fuera de licencia". El edil de IU también se extrañó por la actuación de la dirección de la obra: "Seis días después de denunciar el estado de ruina, presentan el proyecto de ejecución". No ha sido la única fisura detectada por la oposición en la documentación sobre el inmueble desplomado, que mató a una estudiante catalana, para responsabilizar, al menos parcialmente, a la Gerencia de Urbanismo del siniestro. El concejal Carmelo Gómez reveló ayer que el número 39 había sido declarado en ruina en 1992, que obligaba a la propietaria a solicitar la licencia de intervención en el plazo de dos años. "Y se pidió a los cinco años, cuando ya hay un mayor deterioro del edificio. Está claro que el Ayuntamiento no controla sus certificaciones de ruina", atacó. El PSOE utilizó un tercer argumento para culpar a la Gerencia de "negligencia": la subvención municipal que recibieron las obras de rehabilitación. En el expediente no consta ninguna inspección posterior a la concesión de la ayuda. PASA A LA PÁGINA 4
Pérez de Ayala contradice a la alcaldesa sobre el informe técnico
VIENE DE LA PÁGINA 1 Las contradicciones existentes en el expediente sobre la situación del inmueble siniestrado se están extendiendo al equipo de gobierno de Sevilla. El delegado de Urbanismo, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, puso ayer en entredicho a la alcaldesa Soledad Becerril al asegurar que su departamento no prepara un informe sobre las posibles causas del derrumbe. "Lo que ha hecho la Gerencia es requerir a la dirección facultativa de la obra para que realice un informe sobre sus actuaciones y que lo tenga lo antes posible", explicó. Soledad Becerril había asegurado 24 horas antes: "Espero un informe de la Gerencia sobre las condiciones de seguridad en la vía pública de esta obra y lo que los técnicos hayan podido ver". Este periódico trató ayer de aclarar las contradicciones, pero no obtuvo respuesta de la alcaldía de Sevilla. Pérez de Ayala se mostró ayer partidario de revisar las normas sobre conservación del patrimonio, siempre que "no sirvan de excusa para volver a la política de los años 60, cuando todo se demolía". De forma implícita se distanció del procedimiento utilizado por la alcaldesa, quien inició anteayer consultas con promotores, arquitectos y aparejadores técnicos. El delegado de Urbanismo considera necesario "hablar antes con la Consejería de Cultura para analizar la normativa referente a conservación en vez de con los arquitectos y promotores privados". Métodos adecuados No obstante, matizó en relación con el caso de Bustos Tavera que "el problema no está en la rehabilitación sino en si se hace con las técnicas adecuadas". Y agregó: "No se ha caído un edificio en ruinas, sino un inmueble con una obra en ejecución. La dirección facultativa tendrá que decir si ha hecho algo mal". El delegado de Urbanismo restó trascendencia al escrito de las arquitectas sobre el estado ruinoso del número 35, dado que poco después se presentaron los proyectos de rehabilitación y ejecución. Con ello, deduce, "consideran que puede hacerse porque, si no es posible conservar, para qué presentan dicho proyecto". Al debate sobre la revisión de la normativa de conservación del patrimonio se sumaron ayer nuevas voces. La delegada provincial de Cultura, Pilar Gómez Casero, defendió la reforma, aunque si su espíritu sigue siendo conservacionista: "Todo es mejorable, pero no estoy de acuerdo en que una revisión signifique mayor flexibilización en la protección del patrimonio". También representantes de los colegios de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la asociación de constructores se reunieron ayer por la mañana para analizar las medidas que podrían adoptarse para "evitar la reiteración de este tipo de accidentes". Sobre la revisión plantean que "la seguridad en ningún caso debe ser comprometida por la conservación".
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